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22 de octubre de 2017, 4:00 AM
22 de octubre de 2017, 4:00 AM

Se conoce que funcionarios públicos admitieron que miembros de la Policía (Inteligencia) “siguieron y vigilaron” las marchas que conmemoraron 35 años de democracia en Bolivia y que también protestaron contra la reelección de funcionarios que hayan ejercido dos periodos consecutivos en cargos públicos y que en 2019 pretenden ser habilitados para una nueva elección. 

Haciendo un control de constitucionalidad a dicho “seguimiento y vigilancia”, evidenciamos que la Constitución dispone a favor de la población “derechos civiles y políticos”, donde el art. 21, dispone que los bolivianos sí tenemos derecho a la libertad de pensamiento, a su libre expresión y difusión, también a reunión y asociación, en forma pública o privada. En este mismo sentido, el art. 22, ordena que la dignidad y la libertad de las personas son “inviolables” y es deber primordial del Estado respetarlas y protegerlas. Ya el consiguiente art. 26 estipula que todos los ciudadanos tenemos “derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control político”; donde el derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política. 

Por su parte, las garantías constitucionales, dispuestas en el art. 109, apuntan a que “todos los derechos reconocidos por la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. El art. 110, ordena que “las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción y competencias de las autoridades bolivianas”; y, “la vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”. Son concordantes con estos derechos y garantías diversos tratados y convenios de derechos humanos que por espacio no los citaremos. 

Se concluye que el seguimiento y vigilancia de los marchistas, sin que estos hayan incurrido en delito penal, violó flagrantemente el texto constitucional, mismo que se constituye en la garantía de las libertades de los ciudadanos. Por lo tanto y ante el atropello al texto constitucional, tal conducta se subsume en el tipo penal previsto en el art. 153 del Código Penal y corresponde que cualquier funcionario público (Fiscalía, defensor del pueblo, diputado, senador) cumpla el art. 286 del Código de Procedimiento Penal y denuncie y se abra una indagación penal para verificar la resolución u orden que dispuso el seguimiento y vigilancia de los marchistas y que, en definitiva transgredió los “derechos civiles y políticos de la población boliviana”.  

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