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La igualdad de género está lejos de lograr sus objetivos en Bolivia. Una tarea pendiente de derechos civiles y humanos, si los hay. Una de las violaciones permanentes que duelen sin tregua es el maltrato y la discriminación que sufren las mujeres de este país en forma permanente y cotidiana. Se suma a esta vulneración de derechos, la osadía y la indiferencia instaladas, que incluso no discrimina y que pasan como inadvertidas por la mayoría ciudadana, claro está, a excepción de las afectadas y las víctimas de esta injusticia. Mujeres de Monteagudo, por ejemplo, dieron 48 horas al alcalde Ronald Aramayo para que se disculpe por expresiones machistas y denigrantes la semana pasada. ¿Es suficiente una disculpa o sería una suspensión o renuncia a su cargo la pena justa?

Los casos extremos son los feminicidios, pero en el medio hay un tamiz de casos que afectan no solo a mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. A diario vemos inmadurez e irrespeto hacia niñas, adolescentes y mujeres que habitan este suelo bendito.

Bolivia tiene en vigor, desde 2013, una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con 30 años de prisión, pero no alcanza, no por la sanción en sí, sino por el crimen que está fuera de control.

El año pasado la Fiscalía reportó 113 mujeres que murieron víctimas de la violencia machista. Desde que se ha promulgado la ley 348, los juzgados en todo el país registran 155.857 casos. En el país hay 18 juzgados especializados, lo que hace que miles de casos queden apoltronados en el archivo del silencio.

De acuerdo con un informe del Consejo de la Magistratura, se han recibido 1.308 casos de feminicidio y solo 186 sentencias ejecutoriadas. Una crisis estructural que pone en jaque al Estado mismo. Solo el 14% de los casos de violencia familiar llega a una sentencia definitiva.

Tampoco el Gobierno destina un presupuesto suficiente a la Justicia, las políticas al respecto no son de carácter de urgencia, mientras el drama continúa. Por informes de prensa se conoce el registro de 24 feminicidios en los dos primeros meses del año.

La reacción institucional ante los feminicidios es lenta o inexistente, esa realidad nos golpea a todos sin excepción. Los hechos recientes son tan condenables como sorprendentes. La mayoría de los delitos se cometen en el entorno inmediato, en el mismo espacio en que vive la víctima.

No siempre se conoce si las víctimas tenían indicios de abuso sexual, si son o no migrantes, si están en situación de prostitución, si están embarazadas, si eran mujeres trans o incluso si eran pertenecientes a pueblos originarios.

Tampoco es un hecho solamente policial, como se lo insiste en considerar, como algo concerniente a la seguridad ciudadana, sino social, de comunidad, de desarrollo y sobre todo de respeto y educación. Mientras no se forjen políticas decididas para vencer este flagelo, se seguirá entre la desidia, la falta de recursos y de personal especializado. De este modo las víctimas de la violencia seguirán deambulando entre trámites, oficinas y la angustia del silencio.

Así como la calle no es un lugar para vivir, la casa, el hogar, tampoco es un lugar para recibir castigo. Por eso es urgente denunciar el maltrato físico y verbal, aunque cueste, aunque duela, porque de esa crisis es muy difícil salir ileso.

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