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Por: Oscar Ortiz Antelo 

Los recientes hechos de violencia en la provincia Guarayos, en los cuales un grupo armado ha avasallado un predio agrícola, tomando rehenes, a quienes golpearon, amenazaron de muerte y torturaron sicológicamente durante varias horas, son de una gravedad que no debe quedar impune, y constituyen un precedente que, de no ser afrontado oportunamente, puede llevar al país a enfrentamientos por la tierra con gravísimas consecuencias para la convivencia pacífica entre bolivianos.

Los hechos son innegables, se tienen los testimonios y las declaraciones ante autoridad judicial de los dos grupos de ciudadanos que fueron víctimas de este secuestro, periodistas y policías. Pocos antecedentes debe haber en la historia nacional de un secuestro a periodistas y a policías, ambas profesiones especializadas en relatar los hechos, tal cual sucedieron.

Si, por ejemplo, se hubiera secuestrado a empresarios y a sus trabajadores, seguramente se hubiera afirmado posteriormente que los perpetradores del secuestro y de las agresiones, habrían sido víctimas de algún tipo de ataque frente al cual tuvieron que defenderse. En los sucesos del predio Las Londras, simplemente no hay cómo ocultar la verdad, Bolivia entera vio cómo unos encapuchados rodeaban a un grupo indefenso de periodistas, disparando sus armas de fuego contra los neumáticos de los vehículos en los que se transportaban para que no pudieran huir.

Peor aún, los mismos policías que escoltaban a este grupo de trabajadores de la prensa fueron objeto de secuestro, de golpes y de decomiso de sus armas reglamentarias (los avasalladores incautando las armas de los policías), con lo que cualquier abogado podría fácilmente identificar en el Código Penal una serie de delitos cometidos por los cuales debieran ser procesados los responsables de estos hechos condenables.

Sin embargo, lo más grave es el precedente. Muchos de los conflictos armados que durante décadas sumergieron a otros países latinoamericanos en años de enfrentamientos entre civiles que causaron miles de víctimas y un sufrimiento irreparable, comenzaron con este tipo de sucesos. Por ello, el Gobierno nacional tiene la grave responsabilidad de enfrentar el germen de una crisis de profunda trascendencia.

Bolivia necesita reconciliarse, la nación necesita reencontrarse, el país necesita salir adelante para superar los gravísimos efectos de la crisis múltiple, política, económica, sanitaria, que hemos sufrido en los últimos años. Aumentarle a todos estos problemas un conflicto civil por la tierra, impulsado por grupos vinculados al crimen organizado, inviabilizará todo esfuerzo de reactivación y convertirá en casi imposible el anhelo del desarrollo económico y social.

Peor aún, estas circunstancias generan altos niveles de inseguridad para la actividad agropecuaria que seguramente tendrán efectos nefastos sobre la inversión en el rubro de los agronegocios del oriente boliviano, el cual sostiene la seguridad alimentaria nacional, tiene un enorme efecto multiplicador en la generación de empleos y el dinamismo económico, y actualmente constituye la segunda fuente de generación de divisas con las exportaciones no tradicionales.

Si a los problemas de inseguridad jurídica se le agregan amenazas a la vida, a la libertad y a la integridad física y sicológica de quienes invierten y trabajan en el campo, se destruirán las bases fundamentales de un sector indispensable para la estabilidad social y económica.

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