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A 23 días de las elecciones del 18 de octubre las campañas de los partidos políticos están dando un giro hacia la violencia física -la verbal es inevitable- y una peligrosa e injustificada siembra de dudas sobre la transparencia del proceso electoral, con amenazas encubiertas de que no se respetará los resultados de los comicios si no favorecen a tal o cual candidatura.

Con relación al primer punto, en los días recientes se han producido más de una decena de eventos violentos en seis ciudades del país en contra de caravanas de las tres candidaturas que según las encuestas se encuentran en los primeros lugares, e incluso contra una que aparece en los últimos lugares de la preferencia.

Las agresiones físicas y actitudes intolerantes no son parte del debate de propuestas y por tanto no deben formar parte de la contienda electoral, sin importar contra quién se produce la violencia; todos los partidos tienen derecho a recorrer las calles de cualquier ciudad o pueblo del país e impedir la manifestación pacífica de una simpatía es un gesto de barbarie inaceptable en una democracia.

Durante muchos años el único ‘territorio’ prohibido para otro partido que no fuera el Movimiento al Socialismo fue la región del trópico de Cochabamba, identificado genéricamente como Chapare, donde por tres lustros ningún candidato que no fuera Evo Morales pudo hacer proselitismo por las amenazas violentas de los dirigentes regionales de ese partido.

Que ese extremo fuera inaceptable y que las autoridades no hicieran nada para impedirlo -cómo lo iban a hacer, si esas autoridades eran las beneficiarias del voto del Chapare- no quiere decir que ahora también esa intolerancia se traslade a algunos barrios de ciudades donde se han producido esos acontecimientos violentos contra expresiones partidarias de una y otra corriente.

Hace falta más que una acción coercitiva de las autoridades, de la Policía Nacional o del Órgano Electoral para impedir la violencia entre simpatizantes de diferentes partidos durante la campaña electoral; es necesario que los líderes políticos llamen a sus seguidores a demostrar madurez y aceptación del derecho a pensar diferente de los demás, para erradicar de las calles esa práctica indebida que ensucia un proceso que debiera caracterizarse por la libertad ciudadana para elegir en paz y sin presiones.

Y respecto del segundo punto, es igual de inaceptable que el candidato Luis Arce del MAS diga que la única forma de que le ganen sea con un fraude electoral; porque eso es una directa descalificación de la confianza en el Órgano Electoral y en el proceso, un desconocimiento anticipado de la voluntad popular que podría derivar en movilizaciones de presión en función del resultado de la elección.

Si el candidato Arce tiene pruebas de que se está haciendo un fraude, como sí ocurrió el 20 de octubre de 2019, tiene la obligación de denunciar y probar esa supuesta irregularidad. Sembrar dudas sobre un Tribunal Supremo Electoral, donde incluso hay vocales cercanos a la mirada de su partido -recordemos que fueron elegidos en una Asamblea Legislativa donde el MAS tiene absoluto control- es un acto de irresponsabilidad que no corresponde a la estatura de un candidato que pretende ser presidente del país.