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Como en un tormentoso déjà vu, el país está viviendo la versión 2.0 de la polarización política en la que el único partido gobernante de los últimos tres lustros parece tener cada vez una más avanzada especialización, y donde están en juego no solo la estabilidad social y política del país, sino también las formas y derechos democráticos consagrados en la Constitución y tratados internacionales.

¿Cómo se explica que un gobierno que lleva apenas poco más de cuatro meses en el poder, con un largo periodo de gestión por delante y que tiene a la crisis económica y la pandemia del Covid-19 tocando casi desesperadamente las puertas, decida concentrar sus acciones y tener a la población pendiente del curso de esta nueva arremetida política con el argumento de ‘hacer justicia’ y sancionar a responsables de un golpe de Estado que no existió?

Aquellos esfuerzos tienen mucho más de una búsqueda del poder total y hegemónico, de sicología de asustar a los adversarios para tenerlos quietos y tranquilos, que de una auténtica búsqueda de justicia, que de ser necesaria pasó a ser un instrumento que tiene el sello interesado de quien hace política con ese y otros derechos ciudadanos.

En ese contexto, es revelador el inmediato rechazo que ha merecido en filas de dirigentes y representantes de segunda línea del Movimiento al Socialismo (MAS) la propuesta del jefe de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, para establecer un gran pacto nacional para la paz y la reconciliación.

Mesa, en los hechos virtual jefe político de la oposición considerando el número de representantes de CC en la Asamblea Legislativa, impulsa esa iniciativa convencido de que el país está empantanado entre las visiones de fraude y golpe que crean un punto muerto que le hace daño al país.

La propuesta, enviada formalmente a consideración del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, consta de seis puntos que persiguen el objetivo de enfrentar la pandemia, la crisis económica y atender los problemas ambientales.

El primer punto plantea la liberación de presos políticos para superar la polarización y las actuales acciones de confrontación y judicialización.

En el segundo, propone reconocer a la elección general de 2020 que eligió a los actuales gobernantes y Asamblea Legislativa, dando por finalizada así la discusión respecto a los comicios de 2019.

En el tercer punto, se plantea la renovación del Ministerio Público y del Órgano Judicial con nuevos fiscales y jueces que garanticen independencia, imparcialidad e idoneidad para la correcta administración de la justicia. No lo dice, pero la propuesta surge de la constatación de que ambos poderes actualmente no gozan de ninguna confianza.

El cuarto aspecto propone investigar y juzgar los hechos de violencia entre el 20 de octubre de 2019 y el 18 de octubre de 2020 sin parcializaciones, pero también derogando las normas que generan impunidad.

En el quinto punto se pide que sea la Asamblea Legislativa el escenario para la renovación de jueces y fiscales mediante acuerdos y consensos entre los partidos allí representados.

Finalmente, el último punto propone reponer el concepto de los dos tercios en los reglamentos de las dos cámaras legislativas para garantizar y respetar la representación democrática expresada en el voto popular.

Ahora está en manos de los dos principales mandatarios del país la decisión de sentarse con la oposición para buscar esos acuerdos o incluso de hacer una contrapropuesta de agenda para privilegiar la vía del diálogo y no la de la confrontación. El país necesita trabajar y quiere vivir en paz; demasiado tiempo ha perdido desde el 2019 como para prolongar esta pesadilla interminable que no conduce a ningún buen despertar.

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