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El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) ha denunciado que sin autorización ni condiciones técnicas y de seguridad, el 10 de marzo se realizaron 36 operaciones aéreas en el aeropuerto de Chimoré, que estaba inoperable desde hace varios meses.

Ese número de vuelos, se informaba en la nota de EL DEBER, es el doble de lo que hace el aeropuerto internacional de El Alto en 24 horas. Al día siguiente de esas extrañas operaciones, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió un informe urgente al director de Aaasana, Ronny Balderrama. Varios días después, el ministro no había recibido respuesta a su requerimiento.

Ayer, el aludido Balderrama salió en conferencia de prensa a informar que no fueron 36, sino 17 operaciones con escuelas de pilotaje, y que el ministro Montaño lo sabía; 15 minutos después fue destituido en una conferencia de prensa y será procesado por poner en peligro la seguridad de un aeropuerto y por incumplimiento de deberes.

Pero el caso no está cerrado; quizá es apenas el primer capítulo de esta historia con características de escándalo, porque aún quedan varias contradicciones por aclarar, varias preguntas por responder.

El aeropuerto internacional ubicado en el corazón del trópico de Cochabamba, desde el que partió Evo Morales a México el 10 de noviembre de 2019 después de renunciar presionado por las calles tras el fraude del 18 de octubre de ese año, estuvo y está en el centro de las dudas porque no se entiende cuál es su verdadero uso desde esa zona roja del narcotráfico. Cuando se intentó darle actividad comercial, no se logró ni el flujo ni la rentabilidad necesaria, por lo que normalmente se sospecha que si alguien le saca el provecho a esa pista son las probables operaciones aéreas del narcotráfico.

El ahora exdirector de Aasana decía que las operaciones del 10 de marzo con las escuelas de pilotaje se hicieron con el fin de reactivar la economía y generar ingresos para el aeropuerto, pero cuando se le preguntó cuánto se recaudó el 10 de marzo, no supo responder y citó montos ridículos como Bs 50 y 100.

Tampoco supo explicar cómo es que se atrevió a hacer operar un aeropuerto sin contar con el personal necesario y sin las condiciones de seguridad: de hecho, él mismo admitió que el único carro bombero en el lugar estaba varado e inutilizado desde hace un buen tiempo.

¿Qué interés había, entonces, en poner a funcionar un aeropuerto sin las condiciones técnicas ni de seguridad exigidas por los convenios internacionales sobre aeronavegación, pero además sin que se hubiera producido un ingreso económico que lo justifique?

Un director de una institución como Aasana que se anima a tomar decisiones importantes como la reapertura de un aeropuerto sin la autorización de su superior, en este caso el ministro de Obras Públicas, cabeza de la máxima autoridad ejecutiva, es porque o tenía un interés muy grande en juego, o porque se sentía con el respaldo de alguien aun más poderoso que el ministro Montaño.

Esas y otras dudas tendrán que despejarse en la investigación del caso y en el entorno gubernamental porque no se trata de un incidente menor; todo lo que ocurra en el aeropuerto internacional del que poco se sabe, localizado en la misma región donde se produce coca y cocaína, es de interés del conjunto del Estado y no debe quedar en el misterio.



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