27 de noviembre de 2023, 4:20 AM
27 de noviembre de 2023, 4:20 AM

La revelación de que dos prominentes narcotraficantes internacionales, Reyna Violeta Gozme y Sebastián Marset, lograron obtener cédulas de identidad bolivianas falsas ha puesto de manifiesto las preocupantes vulnerabilidades en los sistemas de registro civil e identificación personal en Bolivia. Estos incidentes desnudan deficiencias en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y en el Servicio de Registro Cívico (Sereci), gestionados por el Gobierno y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) respectivamente, revelando una falta de integración y controles efectivos.

Gozme, conocida como la “reina del narcotráfico” en Perú, logró burlar controles y consiguió que en Bolivia le emitan un carnet de identidad con el nombre de Norma Claros Torrico. Tras ser detenida en Paraguay, se descubrió la falsificación del documento. Este caso evidencia la deficiencia en los mecanismos de verificación, ya que el contraste de datos entre el Segip y Sereci inició recién en 2018, un año después de que Gozme obtuviera su cédula en 2017.

La falta de actualización del sistema también es evidente, permitiendo a Gozme renovar su cédula en 2022 y nuevamente en octubre de 2023. Este vacío en la seguridad del sistema es explotado por delincuentes que reconocen y aprovechan sus debilidades.

El caso de Sebastián Marset ya ha provocado la suspensión de cuatro funcionarios por presunto incumplimiento de protocolos en la otorgación de documentos falsos al narcotraficante uruguayo, quien habría presentado cédulas de identidad de Uruguay y Brasil para obtener cédulas de identidad de extranjero en Bolivia. Esto señala un problema más profundo relacionado con el cumplimiento de los protocolos por parte de los funcionarios y con la falta de verificación cruzada.

A pesar de la aparente estrecha comunicación entre el Segip y el Sereci, la ausencia de un sistema integrado es una debilidad significativa. Cada institución tiene su propio software, lo que complica el proceso de verificación. La ley prohíbe un registro único, pero la falta de un mecanismo integrado obliga a ambas instituciones a intercambiar información según sus necesidades, lo que permite oportunidades para evadir los controles.

La reciente presentación de la nueva cédula de identidad, con códigos que permiten la lectura mecanizada de datos, sugiere un avance en la seguridad. Sin embargo, no está claro si esta mejora facilita el intercambio de información entre instituciones como las mencionadas.

La corrupción de funcionarios públicos, especialmente cuando se enfrentan a individuos poderosos como los narcotraficantes, es un problema grave en Bolivia. La implementación de protocolos rigurosos es esencial para atenuar este problema.

Hace varios años, cuando el padrón biométrico se implementó con bombos y platillos, se anunció que el sistema simplificaría la vida de los ciudadanos en el registro de sus datos personales y garantizaría el manejo unificado de esa información. A la luz de los hechos, es evidente que la integración prometida aún no se ha logrado completamente. Por tanto, se requiere una mayor colaboración interinstitucional y auditorías externas periódicas para evaluar la efectividad del protocolo de seguridad y detectar áreas de mejora.

En definitiva, mientras no se establezca un registro único de datos ciudadanos, se implemente tecnología blockchain para garantizar la integridad de la información y se fortalezcan los protocolos y la colaboración interinstitucional, las vulnerabilidades en los sistemas de registro civil e identificación personal en Bolivia persistirán, representando una amenaza para la seguridad del país.