Y ahora el chantaje en escena
Día que pasa, el ministro de Justicia, Iván Lima, cobra mayor relevancia en el manejo del enjuiciamiento a la expresidenta Jeanine Áñez, a la que él llama exsenadora, y por sus expresiones se entiende que fue el fusible elegido por el Gobierno para soportar la carga del trabajo más pesado y, por tanto, también para ser el primero en estallar.
Un día después de su reveladora confesión en sentido de que el Gobierno armó un juicio ordinario contra Áñez en vista de que el MAS no tiene dos tercios de la Asamblea Legislativa para plantear un juicio de responsabilidades, salió a advertir que si Comunidad Ciudadana y Creemos no apoyan a su partido para alcanzar esos dos tercios, significará que apoyan la impunidad para autoridades de delitos como masacres y corrupción.
Desde hace algunos días diversos actores políticos, analistas, opinadores, periodistas y ciudadanos se vienen preguntando qué le ocurrió a aquel hombre de leyes que aparentaba ser brillante y correcto, y que ahora en función de ministro de Justicia no tiene escrúpulos para hacer el trabajo poco limpio en un juicio político e ilegal con un montaje indigerible como es su teoría del supuesto golpe de Estado.
La conminatoria mereció una dura respuesta del jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien dijo que con esa advertencia el Gobierno de Luis Arce se acerca a niveles de cinismo inconcebibles.
“Quienes manejan la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a jueces y fiscales, quienes convierten a fiscales en martillo de la represión y persecución judicial, muestran que el Órgano Judicial es totalmente dependiente del Gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a hablar de impunidad?”, dijo Mesa.
Y enseguida remató que no pueden hablar de impunidad quienes dieron amnistía a Evo Morales, sus colaboradores y todos aquellos que están en la línea masista, y que deben tener “un poco de sangre en la cara antes de hablar”.
Horas antes de esa desafortunada expresión, también el ministro Lima adelantó que si la investigación que desarrolla el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no es coincidente con lo que el Gobierno espera, entonces no la acatarán.
Lima dijo que si el GIEI dice blanco y la Fiscalía dice negro, en ese caso primará el negro del Ministerio Público, y la investigación del grupo internacional se ganará además el adjetivo de “arbitraria”.
El GIEI es un grupo de expertos internacionales, creado a sugerencia de la CIDH para investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia y la verdad.
La figura planteada por Lima es en extremo parecida a la convocatoria que el 2019 hizo el Gobierno para que una misión de la OEA haga una auditoría de las elecciones acusadas de fraudulentas con la esperanza de que digan que no hubo fraude; pero cuando las investigaciones determinaron que sí hubo fraude, entonces la misión fue calificada de derecha, la investigación fue calificada de arbitraria y por tanto no solo no quisieron acatarla, sino además acusaron al organismo internacional de golpista.
Con esas advertencias del Gobierno, lo único que consiguen es hacer visible ante organismos como la CIDH y la comunidad internacional, que en el país es habitual manipular la justicia para obtener resoluciones y fallos favorables, y que cuando las conclusiones son contrarias al interés gubernamental, simplemente no se las acata o se castiga al juez, como acaban de hacer con la jueza Ximena Mendizábal, suspendida de sus funciones por otorgar libertar irrestricta al líder de Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, al no encontrar pruebas en su contra.
