El país está ahogado en un muy duro momento por falta de combustible. Hay importantes y poderosos sectores que se han declarado en emergencia, no porque sean revoltosos, sino porque verdaderamente necesitan diésel y gasolina para no detener sus operaciones. Los gritos de auxilio no son de ahora, vienen desde hace semanas y no hallan una solución de parte del Gobierno, que es el único llamado a darla.
Son tres frentes de conflicto y van sumando. El primero surgió el año pasado, cuando los sectores de comerciantes, productores y transportistas cuestionaron un artículo confiscatorio en la Ley Financial. Es la primera vez que rubros tan diferentes se unen por la misma causa. Ellos tienen previsto marchar a la sede de Gobierno para exigir la abrogación de la norma. En respuesta, el Poder Ejecutivo delega el fardo al Legislativo y éste no hace nada porque está sumergido en sus conflictos internos.
El segundo tiene que ver con los contratos para la explotación del litio. Al menos en este caso hay una pausa, pero no hay una solución de fondo hasta el momento.
El tercer y más grave foco de conflicto une a varios sectores: productores agropecuarios, transporte pesado, transporte público urbano e interdepartamental, comerciantes, mineros cooperativistas y otros más. La bronca popular nace en las largas filas que ya son casi normales alrededor de los surtidores urbanos y de provincias. Aquí el Gobierno no tiene respuesta y por eso busca distraer la perdiz culpando a otros. Basta escuchar la explicación del responsable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que dice que el problema se debe a viejos bloqueos en Yacuiba, a la sobredemanda causada por el Carnaval en Oruro, etc., etc. ¿Qué solución se ofrece? Ninguna.
Entretanto, el sector agropecuario ve en peligro la siembra y la cosecha de sus productos. Tanto tiempo pasó para que el clima no atente contra su producción y, cuando todo está tranquilo por ese lado, el problema es la escasez. Los micros urbanos carecen de combustible y, por tanto, solo opera una fracción. Eso repercute en que los ciudadanos deben caminar más, perder oportunidades de trabajo o gastar el dinero que no tienen en taxis.
El transporte pesado no puede hacer viajes por falta de combustible y eso determina que pasajes y fletes disminuyan. Los exportadores pierden mercados porque hay menos camiones dispuestos a hacer viajes porque carecen de diésel.
En síntesis, hay que preguntar si el Gobierno es consciente de que el aparato productivo se está paralizando y que eso va a redundar en encarecimiento de precios para el consumidor final, pérdida de fuentes de empleo y un freno a la economía. El modelo económico gubernamental se basa en la demanda interna y con esto, obviamente, está haciendo aguas.
A la asfixia económica se sumará la protesta social: marchas a La Paz, bloqueo de caminos, etc. Y la situación se pondrá más oscura si el Gobierno sigue sin dar soluciones.
Si el presidente Luis Arce piensa que todo será cubierto por la campaña electoral se equivoca, porque se enfrenta contra el peor demonio para un hogar: el hambre, el desempleo, la angustia cotidiana. ¿Qué hará?
El pueblo pide soluciones y no queda contento si el Gobierno solo le ofrece culpables (porque el discurso y las acciones solo se destinan a castigar a los que verdaderamente producen). Si no busca salidas adecuadas, el aparato productivo se va a detener echando por la borda lo poco que queda de credibilidad. Es urgente que el timonel recapacite y actúe. Por el bien del país y más allá de la pretensión de una reelección o la defensa de una ideología. ¿Es que ya estamos en el momento de parafrasear a Víctor Paz cuando decía “Bolivia se nos muere”?