En la política exterior contemporánea, improvisar es un lujo que los Estados ya no pueden permitirse. La globalización exige planificación estratégica por objetivos, porque lo interno y lo externo ya no se distinguen.
La zanja en Colchane, frente a Pisiga Bolívar, es un ejemplo vivo de esa dilución entre lo interno y lo externo. Nació como medida de seguridad interna, pero pronto se transformó en asunto externo porque afecta la relación con Bolivia y la percepción internacional de Chile. La idea surgió en 2017 bajo Michelle Bachelet, con excavaciones contra el contrabando de vehículos. En 2022, se habló de “mantención” de una zanja ya existente. El giro llegó en marzo de 2026, cuando José Antonio Kast relanzó la política con el Plan Escudo Fronterizo: zanjas de tres por tres metros, muros de cinco, drones y despliegue militar. El objetivo fue claro: frenar la migración irregular, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico.
La respuesta boliviana fue inmediata. El presidente Rodrigo Paz declaró que Bolivia “construye puentes, no zanjas”, como metáfora de integración y crítica a la política chilena. En marzo, el ejecutivo chileno aclaró que de ninguna manera la medida era un gesto inamistoso y se entendió en la cancillería boliviana. En Chile, la posición es más bien unívoca: no es lo deseable, pero qué más se puede hacer. No obstante, en días recientes, a la zanja se le ha unido el tema de la madera encontrada con sustancias controladas en el puerto de Arica.
En este episodio, el ministro Oviedo cuestionó las investigaciones chilenas sobre contrabando de madera, mostrando que el desajuste interpretativo persistente en Bolivia. Un error de comprensión sobre cómo funcionan el poder ejecutivo en Chile, el judicial y el hecho de que la Fiscalía actúa con independencia. Sin duda, esa diferencia institucional podría ser entendida en La Paz, y advertida desde su propio consulado en Santiago — si existiera—.
Pero los hechos se acumulan. El 15 de junio de 2026 se descubrió un puente clandestino en Colchane, construido con sacos de tierra para vulnerar la zanja y facilitar contrabando. Al día siguiente, el gobierno chileno lo demolió y reforzó vigilancia. La escena fue tan gráfica como simbólica: mientras Chile cava zanjas para frenar ilícitos, el crimen organizado construye sus propios puentes clandestinos. Todo esto ocurre mientras Bolivia atraviesa una compleja coyuntura doméstica que limita su capacidad de respuesta internacional, lo que abre espacio para que las mafias aprovechen los espacios.
Si seguimos la lógica de Manuel Montobbio del Instituto Elcano sobre los límites internos y externos de la política entre los países, la zanja puede leerse como un caso de planificación por objetivos. Para Chile, el fin es la seguridad y el control del crimen organizado; el objetivo, frenar migración irregular y el contrabando; los medios, las zanjas, drones y el despliegue militar; y los indicadores, la reducción de ilícitos (aunque sea difícil de medir porque el crimen responde con una creatividad extraordinaria).
En contraste, Bolivia carece de dispositivos de control, o de un estado de excepción que colabore con Chile. ¿Qué mecanismos internos o externos tiene hoy Bolivia para contener al crimen organizado en la frontera? Esa es pregunta para su política exterior.
Todo lo anterior, no deja de ser irónico para Santiago si se considera que Bolivia es una prioridad vecinal indiscutible. El reciente nombramiento del diplomático de carrera Roberto Ruiz como nuevo cónsul general en La Paz, sumado al puente aéreo humanitario con el que aviones Hércules de la FACh han transportado toneladas de alimentos e insumos esenciales para mitigar el desabastecimiento boliviano, demuestran la voluntad chilena de cooperar. Chile tiende la mano en lo social y diplomático, pero recibe cuestionamientos sobre su quehacer en su lado de la frontera.
Esto requiere de un momento de reflexión. La falta de reciprocidad operativa, obliga a Chile a actuar bajo una lógica de estricta salvaguarda soberana. Especular con la utilidad de la zanja, la militarización y la firmeza judicial carece de sentido. Ninguno de estos elementos constituye un agravio a la soberanía boliviana, sino por el contrario, es la respuesta inevitable de un Estado que se ve forzado a contener unilateralmente los vectores críticos que el vecino no logra mitigar.
Entonces: ¿qué es la zanja? La zanja es una advertencia hacia el crimen organizado. Chile la usa como herramienta de seguridad. Si Bolivia la interpreta como gesto de desconfianza, lo que está en medio son las instituciones de ambos países. El crimen organizado no reconoce límites nacionales. Por eso, es fundamental anticiparse al escándalo y establecer puentes de información discretos, pero de alto nivel. Sin embargo, este corte en el altiplano es también y, simultáneamente, política interna de seguridad y política externa de confianza binacional. Así, o bien esto es visto integralmente o el crimen organizado seguirá cavando sus propios caminos y burlándose tanto de Chile como de Bolivia.
(*) Loreto Correa Vera es historiadora