La Justicia dictó una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra una mujer de 25 años, luego de que el Ministerio Público demostrara su responsabilidad en el infanticidio de su hija de tres años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en una comunidad del municipio de Pocoata.
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el Tribunal de Sentencia Penal N.º 1 de Challapata emitió la condena contra Nilda T. Ch., quien deberá cumplir la pena en el centro penitenciario San Miguel del municipio de Uncía.
Según la autoridad, durante el juicio oral la Fiscalía presentó suficientes elementos probatorios para acreditar tanto la existencia del delito como la participación de la acusada en la muerte de la menor.
“Se presentaron suficientes elementos de prueba, entre ellos informes policiales, entrevistas, el acta de levantamiento legal del cadáver, certificado de defunción y el dictamen de autopsia médico legal que permitieron demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad de la acusada”, señaló Morales.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho salió a la luz el 10 de octubre de 2024, cuando personal policial recibió una denuncia sobre un presunto infanticidio en la comunidad Villa Alcarapi, ubicada en el municipio de Pocoata, departamento de Potosí.
Tras la alerta emitida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, una comisión conformada por fiscales, policías y un médico forense se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas.
Las pesquisas establecieron que un comunario encontró el cuerpo sin vida de la niña a un costado de un camino de la comunidad. Inicialmente se desconocía la identidad de la víctima y de sus familiares, por lo que se activaron los mecanismos de investigación correspondientes.
Posteriormente, el examen médico legal y la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evidenciaron que la menor presentaba signos de violencia, confirmando que se trataba de una muerte criminal.
Durante la investigación, el Ministerio Público y la Policía reunieron pruebas documentales, periciales y testificales que permitieron reconstruir lo ocurrido. Además, detectaron contradicciones en las declaraciones de la acusada, elementos que fueron valorados por el tribunal al momento de emitir la sentencia condenatoria.
La Fiscalía destacó que el fallo representa la conclusión de un proceso que buscó esclarecer la muerte de la menor y sancionar a la responsable del hecho, reafirmando el compromiso institucional de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia.