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Veinte colectivos, plataformas e instituciones que trabajan por los Derechos Humanos en Bolivia firmaron un comunicado en el que expresan su preocupación y condena ante el incremento de casos relacionados con ataques, violencia, campañas de desprestigio y criminalización en contra de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.

“Ante la innegable polarización en el país (en gran medida promovida por actores políticos) y el incremento de las tensiones entre el oficialismo y la oposición, la sociedad civil viene siendo objeto de numerosos ataques en distintas circunstancias”, indica parte del comunicado y agrega que esta situación es el reflejo de la crisis de derechos humanos en el país, las afectaciones a la estabilidad democrática y el debilitamiento de las instituciones del Estado, que deberían velar por los derechos humanos.

“Desde hace más de una década, el partido gobernante ha emprendido acciones de debilitamiento y reducción del espacio cívico, limitando y obstaculizando la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Esto se ha visto reflejado, principalmente, a través de la cooptación y división de organizaciones sociales, campesinas e indígenas, como la Conamaq, Cidob, Adepcoca, Colegio Médico y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, entre muchas otras”, señala el comunicado.

El texto continúa diciendo que ante este contexto, durante las últimas semanas, la situación de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos ha empeorado considerablemente. “Por ejemplo, en julio pasado, en un contexto de avance de colonización promovida por el Gobierno en la región de la Chiquitanía, el comunario indígena chiquitano Lino Peña Vaca, de la comunidad Eben Ezer, fue golpeado por un grupo de colonos afines al partido de gobierno, y tuvo que ser hospitalizado por la gravedad del daño. En agosto, durante su hospitalización, falleció. Según la versión del Ministro de Gobierno, el señor Lino Peña habría fallecido por Covid-19, sin embargo, no existe hasta el momento una investigación que esclarezca de manera diligente y objetiva su muerte y las agresiones de las que fue víctima”, dice el escrito.

También se señala el hostigamiento a defensores medioambientales y de los derechos de los pueblos indígenas los reconocidos líderes indígenas y defensores ambientales. Se menciona, entre otros, el caso del abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Manuel Menacho, quien fue víctima de agresiones físicas y verbales por autoridades municipales, en torno a un caso de demanda de constitución de un Distrito Indígena en San Ignacio de Moxos.

Se menciona también la acusación de parte del gobierno del MAS hacia Franco Albarracín, por supuestamente haber organizado, en2019, grupos paramilitares dentro de la zona sur de la ciudad de La Paz. Albarracín es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Las organizaciones firmantes, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano a través de convenios internacionales, exigen al gobierno de Luis Arce Catacora, respetar y dar garantías a la labor que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil. “Eso implica evitar emitir expresiones y campañas de desprestigio y, por el contrario, debe condenar los actos de hostigamiento contra defensores de DDHH y debe proceder a las investigaciones sobre los ataques y amenazas de terceras personas en contra de la vida, integridad personal y libertad de todos estos sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, suscriben.

El comunicado finaliza haciendo un llamamiento a todos los actores políticos del país, principalmente a los vinculados al partido gobernante, “a que den muestras efectivas de su compromiso con la pacificación social, tan urgente en un contexto de crisis económica y crisis sanitaria, tomando en cuenta las recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para así sentar las bases de una concertación social que sea el punto de partida de la definición e implementación de políticas de Estado sostenibles para enfrentar la crisis, fortaleciendo la democracia”.

Estas son las organizaciones firmantes:

1. Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB

2. Asociación Nacional de la Prensa – ANP

3. Coordinadora Nacional por la Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP

4. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB

5. Fundación Observatorio de los DDHH

6. Fundación Tribuna Constitucional

7. Derechos en Acción Bolivia

8. Fundación Jubileo Bolivia

9. Oficina Jurídica de la Mujer

10. Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey.

11. Colectivo de Derechos Humanos “EMPODÉRATE”. Potosí – Bolivia

12. Colectivo “Salvaginas”

13. Red Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos

14. Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local – CEADL

15. Movimiento ciudadano “Ríos de pie”

16. Reacción Climática

17. Comité Cívico de Roboré

18. Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos – BLT

19. Colectivo Consumidores Conscientes

20. Coordinadora por la Defensa del Medioambiente – CODAPMA

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