21 altos funcionarios del Estado están habilitados y buscan ser magistrados
Los asambleístas aseguran que si los candidatos cumplen los requisitos no pueden inhabilitarlos. Llegó un candidato que fue oficial de la Policía y otro que es asesor de la Policía de El Alto. Los de bajo rango también llegaron a esta instancia
Asesores legales de instituciones del Gobierno, fiscales departamentales y hasta vocales electorales en funciones presentaron sus documentos aspirando a un alto cargo en el Órgano Judicial. Cuando la preselección de candidatos a magistrados ingresó a su octava fase, todos estos profesionales pasaron las pruebas e ingresaron a la evaluación de méritos en la que se asigna puntaje.
“Nosotros no podemos hacer nada, lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley, algunos funcionarios sí se han presentado pero no han cumplido, y algunos han cumplido, nosotros lo único que hacemos es respetar y también cumplir (la Ley), si cumplen son habilitados si no cumplen van a ser inhabilitados”, justificó el presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla.
EL DEBER accedió a las hojas de vida de 333 aspirantes a magistrados que pasaron la fase de inhabilitaciones. 56 del Consejo de la Magistratura; 33 del Tribunal Agroambiental; 70 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 174 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de ese total 21 candidatos declararon que trabajan en alguna repartición del Estado.
Los asesores
En el Consejo de la Magistratura, destaca María Eugenia Mamani Cáceres, es jefe de unidad de Recursos Humanos de la Vicepresidencia, ingresó el 23 de noviembre de 2020 y está en funciones. Pero su paso por la administración pública es de larga data.
Fue supervisor B de la gerencia de auditoría en la Contraloría General del Estado en 2020; supervisor de auditoría en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR en 2020; jefe de la unidad de auditoría interna en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear desde 2017 a 2020; jefe de unidad de auditoría interna en la Cancillería en 2017; jefe de administración de personal en la Cámara de Diputados en 2012.
También está Édgar Rodríguez Bernal, es gerente distrital en Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales quien ingresó el 17 de enero del 2022 y sigue como funcionario. Antes de ese cargo, fue asesor externo de los municipios de Cochabamba, Vinto y Sacaba.
Otro asesor y candidato es el actual coordinador de gerencia general de la estatal Bolivia TV, Pedro Ugarte Imaña, quien trabaja desde el 24 de junio de 2022 y está en funciones. Antes de trabajar en canal 7 fue director general de asuntos legales en la Cámara de Senadores entre 2020 y 2022; director general de asuntos jurídicos en el ministerio de Defensa en 2019; asesor de la dirección ejecutiva en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y antes de eso ocupó cargos en el ministerio de Defensa y la Cámara de Diputados, coincide con la gestión de Javier Zabaleta.
Ricardo Condori Tola declaró ser subprocurador de supervisión e intervención en la Procuraduría General del Estado (PGE) ingresó el 24 de octubre de 2023 y sigue en funciones. Fue funcionario jerárquico del ministerio de Justicia entre 2021 y 2023, también trabajó en la unidad de asuntos administrativos en el ministerio de Medio Ambiente y Agua el 2021; ministerio de Desarrollo Productivo entre 2009 y 2020; antes de estar en ministerios estuvo en el quebrado Fondo de Desarrollo Indígena.
Mientras Luis Fernando Concha Flores, es postulante al TSJ y está habilitado, es gerente de asuntos jurídicos y autoridad sumariante en la Editorial del Estado, su contrato está vigente. También trabajó en la universidad Ballivián del Beni y la Defensoría del Pueblo.
Cristian Rodrigo Mora Miranda, postula al TSJ y es responsable de recursos jerárquicos en agua potable y saneamiento básico del ministerio de Medio Ambiente desde junio de 2023. Efraín Quispe Quiroga, secretario técnico en la Cámara de Diputados, en la comisión de Política Internacional desde el 8 de enero de este año y sigue vigente; estuvo también como asesor de la comisión de Ética, alcaldía de La Paz, Caja Nacional de Salud, ministerios de Obras Públicas, Justicia, Desarrollo Rural, Medio Ambiente.
Autoridades
Hay candidatos que ejercen algún cargo jerárquico y postulan al judicial. La lista la encabeza, Patricia Bohórquez Barrientos es fiscal superior de la Fiscalía General desde el 7 de enero de 2019 a la fecha, antes trabajó como profesional I en la PGE.
No está sola, le acompañan otros fiscales departamentales en funciones, se trata de Marcos Renato Peñaranda, fiscal departamental de Pando y Roxana Choque Gutiérrez, la actual fiscal departamental de Potosí.
Zulema Antonieta González Coronado es la actual directora de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional del Notariado (Dirnoplu). Bernardino Rubén Conde Limachi, Notario de Gobierno de la Gobernación de La Paz.
Pablo Cristian Zuleta Sánchez fue electo como vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), su mandato finaliza el 19 de diciembre de 2025. Pero no solo es vocal, también ejerce el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando) y es asesor jurídico de esa entidad.
Jerárquicos
Isidro Limachi Aguilar, es gerente administrativo financiero en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí. Juan Carlos Quispe Laime, actual director interino de INRA Chuquisaca. Mariela Soruco Salvatierra, jefa de transparencia de la Gobernación de Chuquisaca.
Elver Cabrera Vázquez, vocal del tribunal de ética de la abogacía del ministerio de Justicia desde febrero de 2024 trabajó en distintas unidades de ese ministerio. Sarina Sandra Marañón Revollo, trabaja en la PGE.
Ever Almendras Enríquez, asesor del municipio de Icla. Hilda Mora Mora jefe de la unidad de Defensoría de la Niñez en el municipio de Sucre. Carlos Franklin Vargas Tarqui, es funcionario de la Defensoría del Pueblo.
De las 333 hojas de vida, revisadas 50 son funcionarios públicos que trabajan o trabajaron hasta hace poco en el Estado. De ese número, 21 son jerárquicos y 29 ocuparon cargos menores.
