Los que tenían antecedentes penales fueron inhabilitados

10 de agosto de 2022, 22:52 PM
10 de agosto de 2022, 22:52 PM

De 40 candidatos que hicieron llegar su postulación a Contralor General del Estado en julio solo queda la mitad; pero de los 21 que pasaron a la fase de revisión de méritos, 13 fueron empleados del Estado; siete funcionarios o exfuncionarios de la propia Contraloría y seis empleados de algún ministerio.


Tres candidatos vienen de la empresa privada o de alguna entidad cooperativa; hay cuatro docentes universitarios y un candidato que estaba inhabilitado y ahora apareció en la lista de habilitados, y del cual se desconoce sus antecedentes.


El diputado José Luis Porcel (CC) informó que todos los candidatos que tenían antecedentes penales certificados por la Fiscalía fueron inhabilitados y aclaró que fueron 18 denuncias en contra de una decena de candidatos. De ese modo ahora se entrevistará a 21 postulantes desde este jueves.


Los funcionarios


Gerardo Rojas Aliaga es auditor, fue responsable Nacional de tesorería y presupuestos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde julio de 2020 a mayo de 2021. Antes fue coordinador financiero en el Colegio de Auditores de La Paz.


Edgar Cayujra Barreto es abogado, fue parte de la elaboración de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, “trabajó por más de 12 años en normativa y diseño de políticas públicas anticorrupción y de transparencia en el Ex Ministerio de de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional” señala su currículum.


Rómulo Cahuana Choque es administrador de empresas, fue parte de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib) hasta 2021. El Sernap, el ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados, fueron los otros trabajos donde se desempeñó.


Filomena Ingala Callex es auditora, jefa de la unidad de la auditoría del ministerio de Desarrollo Productivo desde el 16 de noviembre de 2020; antes de eso fue jefa de la unidad de auditoría interna de la Dirección del Notariado Plurinacional renunció el 11 de noviembre de 2020. Trabajó en varios despachos del Gobierno y en empresas estatales, como Entel.


Jaime Loayza Tapia es auditor, especialista en gobiernos municipales de Santa Cruz principalmente a quienes asesora, trabajó para las alcaldías de Cuatro Cañadas, San Carlos, San Juan, Comarapa, San Miguel de Velasco, Ivirgarzama, Portachuelo.


Finalmente está Miguel Marañón Urquidi es economista, trabaja en el ministerio de Economía, es profesional 1 analista presupuestario de entidades territoriales autónomas y trabaja en esa cartera de Estado desde 2017.


Con recorrido en la Contraloría


-María Teresa Valdez de Candia trabajó en la Contraloría General del Estado (CGE) desde 1993 y en 2006 llegó al cargo de gerente principal de auditoría externa. Ese año pasó al Ministerio de la Presidencia como directora general de asuntos administrativos, en el que permaneció hasta 2016 y luego estuvo de Superintendente de Administración y Finanzas. Entre 2018 a 2020 fue cónsul de Bolivia en Washington. Retornó en 2021 para ingresar a la Cancillería y actualmente ocupa el cargo de directora nacional de administración y finanzas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) “45 años de experiencia en el servicio público”, señala su hoja de vida.


-Benedicto Marcos Apaza Vargas según sus documentos tiene una experiencia de 24 años como auditor, estuvo en la CGE hasta 2017, cuando se desempeñó como subcontralor de auditoría externa en autonomías constitucionales.


-Sandra Quiroga Solano actualmente se desempeña como subcontralora de gobiernos departamentales, se desempeñó en distintas funciones desde que la institución se denominaba Contraloría General de la República.


-Edino Claudio Clavijo Ponce es abogado, ingresó a trabajar a la CGE en 2007 como supervisor, fue promovido y actualmente ocupa el cargo de subcontralor de servicios legales desde el 23 de octubre de 2012 a la fecha.


-Ana María Chuquimia Quispe es auditora, ingresó a la Contraloría en 1995 como becaria, a partir de ahí fue ascendiendo y desde enero de 2016 trabaja como supervisor B y eventualmente desempeñó el cargo de gerente de auditoría interna.


-Olga Edith Suarez Jiménez es auditora, actualmente ocupa el cargo de subcontralora del nivel central jerárquico desde 2021. Ocupó distintos cargos en esa repartición desde 2004 y fue escalando en los cargos.


-Roy Ancasi Colque es exfuncionario de la Contraloría y después se vinculó a la institución como capacitador.


Desde el sector privado


Son tres candidatos los que trabajan en el sector privado o en alguna entidad ajena al Estado. 


-Sixto Mendoza Patty es abogado y fue presidente de la Federación departamental de Productores Agropecuarios de La Paz, también apoyó en el trámite de personalidades jurídicas de organizaciones sociales territoriales.


-Armando Arce Balcázar es auditor y trabajó en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Sucre (Cotes) desde 2004 hasta abril de 2022.


-Alfredo Lorenzo Villca Cari es contador, actualmente es encargado de almacenes de una empresa privada dedicada a la importación de productos masivos de Brasil; antes de eso fue profesional independiente.


Los docentes


Los cuatro docentes son: 


-Gustavo Morejón Ignacio es auditor y director del departamento de ciencias básicas de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).


-Carlos Javier Garrón es auditor financiero, imparte cursos en la Universidad San Francisco Xavier y en la Universidad Simón Bolívar.


-Mary Morales Velásquez es auditora y se desempeña como docente titular de la carrera de auditoría y contaduría pública en la universidad Tomás Frías de Potosí. Su trabajo siempre desarrolló en esa ciudad.


-Ángel Quisbert Blanco es auditor, está ligado a varias empresas privadas como auditor, actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, aunque trabajó en la Corporación Minera de Bolivia en 2015.  


El último candidato habilitado es Javier Vega Viza, quien fue inhabilitado en la presentación de requisitos porque no presentó la liberta de servicio militar; ahora figura en la nómina de los habilitados.