36 organizaciones civiles denuncian violación de los derechos humanos en Bolivia

Mediante un pronunciamiento, 36 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la reducción del espacio cívico y reprocharon la violación de los derechos humanos en los últimos acontecimientos registrados en el país. Identifican al menos seis casos en los que se puso en riesgo la vida de periodistas, defensores de los derechos humanos y población.

En un breve recuento, como primera observación detallan el hostigamiento y amedrentamiento a la legisladora que lidera Acción Popular por el Parque Nacional Madidi, hecho que se registró el pasado 10 de agosto.

La senadora Cecilia Requena denunció actos de hostigamiento y amedrentamiento por parte de grupos de mineros cooperativistas, hecho que considera un ataque al ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el medioambiente. 

"Recordamos al Gobierno nacional y a sus aliados, los cooperativistas mineros, que en nuestro país rigen garantías constitucionales para el ejercicio de la defensa de derechos, y de manera específica rige la Ley 1182 que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 protege a los defensores y defensoras de derechos, particularmente el derecho a un medioambiente sano, seguro y sostenible", indica el pronunciamiento.

Segundo caso

Un segundo caso de vulneración y violación de los derechos humanos son los ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios independientes. "Se han producido ataques y campañas de desprestigio en contra de periodistas y medios de comunicación durante los bloqueos en Santa Cruz y en el conflicto por el mercado de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca). Estas acciones en contra de periodistas son cada vez más frecuentes. No podemos dejar de denunciar las acciones que se encuentra ejecutando el Gobierno para asfixiar, acallar y controlar", añade.

Tercer caso

También recalcan los mecanismos administrativos para tomar y subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

"Se ha denunciado que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha sufrido un nuevo ataque, esta vez sutilmente por la vía administrativa por el Servicio de Impuestos Internos, que arbitrariamente ha otorgado el NIT de la Apdhb al grupo oficialista elegido al margen de las normas de esta organización, desconociendo la representación de Amparo Carvajal", dice.

Cuarto caso

Como cuarto caso citan las 'graves' violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Adepcoca. "Denunciamos las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto con campesinos, violaciones que han sido alertadas. Hemos podido observar a través de información de prensa un evidente uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, al igual que un uso irregular de armamentos no aprobados conforme al estándar internacional de derechos humanos".

Repudian además, las detenciones arbitrarias, el ingreso a domicilios particulares sin requerimiento de ley, la exhibición de los detenidos y acciones irregulares de altas autoridades del Gobierno. "Es deplorable que el propio director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuenta, haya actuado como "infiltrado" entre periodistas", conminan.

Quinto caso

Otro aspecto es el uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el Censo de Población y Vivienda. "Se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza y la presencia de grupos irregulares que actuaron generando violencia en el contexto de medidas de protesta en el departamento de Santa Cruz por la postergación del Censo. Más allá de estar o no de acuerdo con estas medidas, es evidente que ellas se enmarcan en el ejercicio del derecho a la protesta. Por ello, es deplorable que desde el partido gobernante y la Alcaldía de Santa Cruz se hayan alentado acciones de grupos de choque", reza el documento.

Pero sobre todo, repudian que el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, haya liderado alguno de estos grupos irregulares que provocaron violencia y enfrentamientos en los bloqueos.

Sexto caso

Finalmente, dos hechos que preocupan a las organizaciones sociales civiles son: la participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque, e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles. "Es sumamente preocupante que altas autoridades de Gobierno participen en actividades de grupos irregulares violentos en contra de la población civil. Y la gravedad de estos hechos se agranda cuando el Ministerio Público ratifica y naturaliza la impunidad de estos hechos al desestimar realizar acciones que le corresponde asumir", detalla el pronunciamiento.

Aseguran que otro hecho que reviste de gravedad es el incremento y naturalización de la infiltración de militares y policías en espacios y acciones de organizaciones de la sociedad civil, calificándolo como prácticas para "sembrar pruebas" para inculpar a civiles y ejercer persecución política.

 "Exigimos al Gobierno boliviano resolver los conflictos respetando la dignidad y todos los derechos humanos de los distintos sectores en conflicto. Le exigimos asumir un compromiso efectivo para impulsar una reconciliación nacional", concluye el documento.