Defensa explicó que se necesita un decreto supremo para oficializar el trabajo conjunto entre Policía y las FFAA.

8 de julio de 2024, 19:05 PM
8 de julio de 2024, 19:05 PM

La Policía y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no pueden interceptar los vuelos irregulares —dedicados en su mayoría al narcotráfico— porque no existe un reglamento, que debe ser aprobado a través de un decreto supremo. Además, el mantenimiento de los radares se lo realizará con recursos que se obtengan del aumento de tarifas a pasajeros externos. 

El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC), envió —a través de la Presidencia de Diputados— una Petición de Informe Escrito al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que explique en qué medida están funcionando los radares, entre otras consultas.

En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones. Estos equipos fueron instalados en 22 puntos del país. Están en todos los departamentos y en Santa Cruz funcionan en el aeropuerto Viru Viru, en Roboré y en San Ignacio de Velasco. El de Viru Viru es de uso para los vuelos comerciales.

Según explicó Novillo a finales de 2023, los radares ya fueron instalados en diferentes regiones del país e incluso dijo que estaban operando.

Radares funcionando

“El funcionamiento está prácticamente concluido, son 13 radares en 22 sitios, radares primarios que son sobre todo de uso militar para la vigilancia y control del espacio aéreo y también tenemos los radares secundarios, estos van a ser utilizados fundamentalmente por las instituciones que tienen que ver más con el tráfico aéreo comercial”, dijo Novllo en la III Reunión Trimestral de Evaluación de Convenio Interinstitucional, en Cochabamba. 

“Ahora la tarea es poner en funcionamiento estos radares, para poner en servicio y cumplir los objetivos y finalidades para los cuales estos radares se instalaron en el país”, añadió el ministro.

El decreto que reglamentará el control de espacio aéreo y el consecuente derribo de aviones está en su fase final y debe pasar el último filtro del Conapes en el Gobierno.

Los equipos, según el ministro, son de última tecnología y el centro de control del denominado Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) está en Cochabamba; pero los radares están distribuidos en varios departamentos. Son 22 sitios en total que abarca el sistema.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani Espíndola, explicó que esta III reunión analizó los avances, para fortalecer el control del espacio aéreo y que concluyó con la suscripción de un acta de compromisos.

En 2022 hubo cuatro intentos para llegar un acuerdo interinstitucional. El Ministerio de Gobierno pidió en cuatro ocasiones —con notas oficiales— a su par de Defensa firmar un convenio de coordinación interinstitucional para la utilización de los radares en la lucha contra el narcotráfico. Hasta la fecha no hay acuerdo.

Trabajo legal

“Hemos ido trabajando un decreto supremo enmarcado estrictamente en la ley 121, este decreto supremo está evaluado en lo que es la instancia del Udape para luego ir al Conapes y llegar al Gabinete, ha sido cuidadosamente trabajado”, afirmó Novillo en 2023.

Decreto para derribo

Novillo indicó, en noviembre de 2023, que el Ejecutivo emitirá un decreto que regule los trabajos de detección junto a una “acción excepcional” que permita derribar aviones.