Abogado del caso terrorismo señala que el Estado boliviano debe cumplir cuatro recomendaciones
Los denunciantes afirman que la CIDH amplió los plazos y que enero no es un plazo fatal
El Estado boliviano tiene pendiente el cumplimiento de cuatro recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del caso "Mario Francisco Tadic Astorga y otros/Bolivia”, recordó el abogado Gerardo Prado, quien añadió que no existe ninguna solución amistosa porque esa fase ya venció.
“No estamos en periodo de conciliación, estamos en periodo de cumplimiento. El Estado tiene que cumplir unas recomendaciones que le ha dado la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), esto no es conciliación, conciliación es otra cosa”, protestó el abogado que impulsa el proceso a nombre de la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer.
El jueves, el procurador del Estado, César Siles, afirmó que el Estado está en fase de cumplimiento de las recomendaciones que hizo la CIDH en un informe de fondo, que ya fue presentado con anterioridad.
Según los datos oficiales, las cuatro recomendaciones que hizo la CIDH al Estado son: reparación integral a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y, finalmente, adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
“Una vez que se emite el informe de fondo, que ya se ha emitido, ya no hay nada que conciliar, hay que cumplir lo que dice la Comisión. Cada tres meses a seis meses se da (un informe) al Estado para cumplir; si no cumple, la comisión se reúne y puede decidir, o darle más plazo, o enviar el caso a la jurisdicción de la Corte (Corte IDH), simplemente es eso”, añadió Prado.
El abogado recordó que las prescripciones ya vencieron hace más de un año y que es la CIDH la que está ampliando los plazos al Estado boliviano de forma inexplicable; ellos, como denunciantes están a la espera de las decisiones que tome este ente multilateral.
Confirmó que, en enero habrá una nueva revisión de las recomendaciones y que hasta el momento el Estado no cumplió con estas, pese a que los plazos fueron ampliados. “Pero, no es una posición final en enero, la Comisión puede darle más plazo si quiere”, lamentó el abogado.
Los hechos sucedieron el 15 de abril de 2009 y las víctimas denunciaron ejecuciones extrajudiciales, falta de investigación, torturas y amenazas, y detenciones indebidas. En total serían 15 violaciones a los derechos de los denunciantes, por los que debe responder el Estado.
