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Un grupo de abogados cruceños, encabezados por el ex fiscal de distrito Francisco Borenstein y el letrado William Herrera, presentaron una propuesta para la reforma judicial de Bolivia, una demanda de larga data que se da ante el obsoleto sistema vigente que ha sido observado desde dentro y fuera del país. 

En este sentido, los juristas enfocan su planteamiento en cuatro bases específicas y consideran que, para concretarlo, no es necesario cambiar las leyes de la Constitución Política del Estado, al menos en el corto plazo. Por ellos consideran que lo inmediato y aplicable es lo siguiente:

1.- Un adecuado proceso de selección de las autoridades judiciales

En primer lugar aducen que es necesaria la creación de una instancia seleccionadora constituida por instituciones y en la que no participe el poder político, donde se tomen en cuenta valores primarios para la calificación de estas autoridades judiciales, tales como la capacidad, conocimiento de las leyes, estudios de especialización y antecedentes de trabajos afines al de juzgador.

La creación de una Escuela de Jueces en Santa Cruz y La Paz, para capacitar a los abogados que pretendan ingresar a la carrera judicial y se acaben esas idas y venidas a Sucre. Esta junta de selección estaría constituida por las facultades de Derecho, colegios de abogados y de la sociedad civil organizada como son las asociaciones de trabajadores y empresarios.

2.- Un sistema de designación, con base en la meritocracia

"Mientras esté vigente la actual CPE, debe continuar la forma de selección y designación que señala para integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia", consideran los juristas.

La designación de un juez debe estar en manos del Estado por intermedio de sus instituciones legalmente constituidas.

En este sentido, observan que los vocales de los Tribunales Departamentales deberán ser designados por el Órgano Legislativo, por dos tercios de los votos de los miembros.

Los vocales de los Tribunales Departamentales serán los encargados de la designación de los jueces de partidos en todas las materias, previamente calificado por la Junta de Selección a constituirse.

3.- Incremento del presupuesto del Órgano Judicial.

Actualmente, según el reporte, esta partida es del 0,48% del presupuesto general y debe incrementarse un 3%, el cual se podría destinar al aumento de número de jueces y que permita el acceso a la justicia, en especial en el área rural, y aliviar la carga procesal.

A esto se suma la necesidad de la digitalización de la administración judicial; la creación de una escuela de jueces; el refuerzo de jueces por medio de abogados auxiliares; mejores remuneraciones y dotación de mejores condiciones laborales.

4.- Un sistema de control social.

"Uno de los motivos, aunque no el único, por el que nuestros jueces incurren en prevaricato y retardación es la creencia de que el juez todo lo puede y que no va a merecer ninguna sanción por el delito cometido de prevaricar y retardar la justicia", señala Borenstein.

Es por ello que para combatir esta sensación de impunidad, de abuso de la condición de juez y mejorar la justicia, se debe establecer un sistema de control de la forma y el modo en que un jugador dicta su sentencia y resoluciones, donde la ciudadanía tome parte.

El abogado considera que esta iniciativa nace con un carácter de servicio a la ciudadanía.

En diferentes ocasiones, organismos del sector público, de la oposición y desde el exterior han apuntado también a la necesidad de una reforma, tarea pendiente del Gobierno de turno.

Un ejemplo de ello es la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los conflictos de 2019 señalando que urge actuar en estricto cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso, a fin de garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares en relación con las graves violaciones a los derechos humanos.

Líderes opositores y plataformas ciudadanas contrarias al Gobierno de Luis Arce demandan también una reforma judicial para garantizar la imparcialidad de las investigaciones de las violaciones de derechos humanos ocurridas en 2019 y reportadas por el grupo de expertos de la CIDH en un informe presentado en esta jornada.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra también ha hecho lo propio con iniciativas que fueron enviadas para su consideración a las autoridades nacionales.

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