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El abogado Christian Alanes, que representa al ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Giovanni Pacheco, calificó como una "burla" la convocatoria a una audiencia para tratar el pedido de acción de libertad que presentaron los ahora detenidos por el caso respiradores. El jurista explicó que el llamado se da luego de que se conoció la sentencia contra los imputados Marcelo Navajas, Giovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Fernando Humérez.

"La autoridad que iba a conocer la acción de libertad tenía la obligación de resolver nuestra acción de libertad en el plazo de 24 horas. Nosotros presentamos la acción de libertad el viernes (22 de mayo) a las 16:57 y entonces tenía que haberse resuelto hasta ayer a la misma hora. Lamentablemente hoy, a las diez de la mañana, nos notifican para una audiencia de acción de libertad para las 11:30. Eso es en vano porque ya se resolvió la acción jurídica y hay una sentencia. La acción de libertad no tiene razón de ser y la convocatoria es una burla", reprochó Alanes.

Hoy, por la madrugada, la Justicia dispuso la detención preventiva para Marcelo Navajas, Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco y Fernando Humérez, quienes están involucrados en el supuesto sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores mecánicos. A Navajas, ex ministro de Salud, se le dispuso tres meses de detención en el penal de San Pedro, en La Paz, y a los demás seis meses, también en el mismo recinto penitenciario.

El abogado Moisés Ponce de León, que defiende a Humérez, también cuestionó la decisión de convocar una audiencia de acción de libertad cuando ya se estableció una sentencia para los implicados. "No tiene sentido ir a una audiencia de acción de libertad cuando ya resolvió la acción jurídica. Lo que vamos a hacer es impugnar esa decisión", dijo el jurista.

La audiencia de acción de libertad, debía desarrollarse hoy en la ciudad de El Alto a las 11:30, pero por la inasistencia de los abogados de los tres solicitantes, no se desarrolló el evento judicial. Por ahora, los detenidos, mediante sus abogados, impugnaron la determinación de detención preventiva y se conoce que los implicados todavía están en celdas judiciales en la sede de Gobierno.