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La jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, presentó un anteproyecto de ley que pretende darle inmunidad a todos los dirigentes y militantes, afines a su partido, que participaron del bloqueo de caminos que paralizó buena parte del país durante 12 días. La medida es criticada por el Gobierno que ve con indignación cómo se pretende blindar a estas personas.

Otra institución que también se pronunció fue el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia que cuestiona el hecho de que se pretenda vulnerar principios de derecho con esta iniciativa que protegería a miembros de movimientos que impulsaron los bloqueos de carreteras y que causaron graves daños y violaciones a los derechos humanos.

"En caso de aprobar una amnistía o medida similar los legisladores estarían flagrantemente vulnerando no solo la CPE, sino un conjunto de instrumentos y obligaciones internacionales, además de la legislación penal boliviana", dice parte del pronunciamiento.

El Colegio de Abogados considera que, en el caso de que se promulgue la ley que impulsa el MAS, quedarían también vulneradas la garantía de la tutela judicial efectiva que prohíbe y sanciona "todo tipo de discriminación basada en cualquier consideración que tenga por objeto anular el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos".

"(Se) exhorta a los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, cumpliendo sus elementales obligaciones constitucionales, eviten sancionar disposiciones que agreden el sentimiento de justicia del pueblo boliviano revictimizan a quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos y bienes, haciéndose cómplices de impunidad e incurriendo en responsabilidades penales e internacionales".

En el pronunciamiento también se hace énfasis en que los legisladores deben cumplir la normativa y jurisprudencia vinculante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, sobre amnistías y medidas similares, ya ha declarado sistemáticamente la responsabilidad internacional de los estados que la determinaron.