La Cámara de Diputados convocó a una nueva sesión virtual para las 11:00 de este martes 26 de mayo, en una jornada que puede resultar clave para el manejo de la crisis que atraviesa el país. Aunque el orden del día solo consigna los puntos de correspondencia y asuntos en mesa, se prevé que en este último apartado se incorpore el tratamiento del proyecto de ley que abroga la Ley 1341, norma que regula los estados de excepción en Bolivia.
La iniciativa ya fue aprobada el domingo por la Cámara de Senadores y remitida de inmediato a Diputados para su consideración.
El debate ocurre en un contexto particularmente delicado: Bolivia ingresa a la cuarta semana de bloqueos indefinidos impulsados por sectores radicalizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien acaba de cumplir seis meses de gestión. La medida de presión golpea especialmente a La Paz, donde se reportan dificultades para el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, además de crecientes tensiones sociales.
La eventual abrogación de la Ley 1341 no implica la creación de una nueva facultad para el Ejecutivo, ya que el estado de excepción está contemplado en la Constitución Política del Estado, específicamente en sus artículos 137 al 140. Sin embargo, eliminar esta norma sí tendría efectos concretos: despejaría restricciones y procedimientos adicionales que, según sus críticos, dificultan una respuesta más rápida del Gobierno frente a escenarios de conmoción interna.
En la práctica, el presidente mantendría intacta su facultad constitucional para decretar un estado de excepción, pero con menos regulaciones específicas de una ley ordinaria que establecía controles y condicionamientos adicionales.
El presidente del Senado, Diego Ávila, defendió la decisión bajo esa lógica.
“No es necesaria la ley. Es una facultad que sí la tiene (el presidente), está establecida en la Constitución Política del Estado. Lo que se ha hecho es derogar esa ley que proponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar al país, de lograr el entendimiento entre los bolivianos”, sostuvo.
Para sectores que impulsan la abrogación, la medida busca devolver margen de maniobra al Ejecutivo nacional en un escenario de crisis prolongada. Sus críticos, en cambio, advierten que reducir controles sobre una herramienta excepcional puede abrir un debate sensible sobre derechos y garantías constitucionales.
La decisión ahora queda en manos de Diputados, en una sesión que podría redefinir el margen de acción del Gobierno frente al conflicto.