Una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) busca frenar el Decreto Supremo 5613, promulgado el 27 de abril por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, al considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo concesiones forestales en Pando y Beni.
El recurso fue respaldado por la Asociación Agroindustrial de Recursos Naturales del Río Manuripi Pando y se da en medio de cuestionamientos de sectores campesinos, indígenas y forestales que denuncian posibles avasallamientos y un incremento de la deforestación en la Amazonía boliviana.
El Decreto Supremo 5613 establece lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, con prioridad en Pando y Beni, en favor de comunidades campesinas e indígenas que hayan solicitado formalmente asentamientos y cuenten con reconocimiento legal. La norma dispone además la revisión de concesiones forestales maderables y no maderables por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), con el objetivo de identificar áreas susceptibles de reversión para convertirlas en tierras fiscales disponibles.
En la acción presentada ante el TCP, se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad total del decreto con efecto abrogatorio, argumentando que la norma fue emitida sin una ley especial que la respalde, como exige el artículo 390 de la Constitución Política del Estado.
El recurso también sostiene que el Ejecutivo vulneró derechos adquiridos, el debido proceso y la seguridad jurídica de concesionarios forestales y barraqueros.
El presidente de los castañeros de Pando, Alfonso Almaraz, cuestionó que el decreto permita afectar derechos forestales mediante simples informes técnicos de la ABT, dejando de lado el procedimiento establecido en la Ley Forestal 1700. “Con estos mecanismos lo que buscan es avanzar en profundizar el proceso de despojo de tierra”, afirmó.
Uno de los puntos más observados es el artículo 4 del decreto, que habilita la dotación de “tierras fiscales no disponibles”, categoría que incluye áreas superpuestas con concesiones forestales o zonas bajo restricciones legales. El artículo 5 instruye a la ABT revisar todas las concesiones forestales para verificar su vigencia y compatibilidad con el Plan de Uso del Suelo (PLUS), estableciendo un plazo abreviado de 90 días para emitir informes técnicos.
El decreto también provocó una reacción de entidades vinculadas al sector forestal. La Cámara Forestal de Bolivia declaró estado de emergencia y advirtió que la norma amenaza la estabilidad jurídica y podría incentivar el cambio de uso de suelo y la deforestación. En la misma línea, el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz exigió la abrogación inmediata de la disposición, mientras que el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria alertó sobre riesgos para el manejo forestal sostenible y el incremento de incendios forestales