Las aprehensiones policiales en Potosí desataron una ola de protestas por parte de las autoridades y figuras opositoras, quienes exigen la liberación inmediata del exlíder cívico Marco Pumari y el actual dirigente Juan Carlos Manuel; mientras que los oficialistas jalearon las acciones de la Fiscalía y la Policía en la Villa Imperial.

El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, criticó la acción violenta de la Policía y la vulneración de los derechos humanos de Pumari. “El conjunto de lo que ha vivido Potosí en las últimas horas sumando aquellos de la semana pasadas, muestra una vez más, como ocurrió en el Gobierno de Evo Morales, que Potosí es un blanco de acción represiva y violenta del MAS de manera sistemática”, dijo Mesa en un mensaje grabado.

Para el Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la aprehensión de Pumari puede desatar un escenario de confrontación en el país. “Yo creo que esto puede ser la mecha que puede encender una confrontación y sobre todo en Potosí, porque Potosí es un pueblo aguerrido”, recordó el burgomaestre valluno.

Por su parte, el alcalde de La Paz Iván Arias le dijo al Gobierno que tomó un camino equivocado. “El país pide tranquilidad, quiere pasar una Navidad en familia, en reconciliación pero lamentablemente (en) Potosí se está violentando los derechos”.  

Aplausos

Mientras tanto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García dijo que la acción de la Policía y la Fiscalía merece un aplauso y recordó que el 29 de noviembre, en la concentración de la denominada “marcha por la patria”, en La Paz, las organizaciones sociales dieron un ultimátum para que la justicia aprese a los responsables.

El presidente departamental del masismo en La Paz Celso Chumacero, dijo que la justicia se retrasó con la aprehensión del exlíder cívico. Desde la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Mario Segundo, pidió a Pumari no victimizarse y lo identificó como uno de los “autores intelectuales” de lo que ellos denominan “golpe de Estado”. El diputado del MAS, Juanito Ángulo, señaló que no se trata de ninguna persecución política como afirma la oposición.