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"La Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público". La alerta emerge desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y hace referencia a la denuncia del abogado Jhasmani Torrico.

Torrico, que se encuentra sentenciado por secuestro y torturas, pretende iniciar procesos por difamación e injurias a un total de 13 medios de comunicación y solicitó a la jueza Sofía Camacho (del juzgado de sentencia penal de Cochabamba) que se tome en cuenta toda la información que estos medios difundieron respecto a los delitos del abogado; petición que fue aceptada.

"La Misión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión", señalan desde la Acnudh.

También hay observaciones y rechazo desde otras entidades del interior del país. Una de ella es la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc), que solicita a la jueza revisar su determinación.

La federación también recuerda a los periodistas que está vigente la ley de Imprenta, que se constituye en la jurisdicción para juzgarlos por acusaciones referidas a presuntos delitos de imprenta.

Asimismo, recuerda que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106, establece que los periodistas ejercen su labor mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y de medios de comunicación.

Incluso el propio Ministerio de Justicia intervino al respecto. El ministro Iván Lima Magne reiteró hoy que la Ley de Imprenta de 1925 se encuentra vigente y advirtió que el proceso penal iniciado por el abogado sentenciado por secuestro y torturas, Jhasmani Torrico, busca censurar a los trabajadores de la prensa.

“El trabajo de ustedes (los periodistas) está resguardado por la Ley de Imprenta, cualquier afirmación, cualquier trabajo que ustedes hubieran realizado en la cobertura de hechos noticiosos, de hechos informativos, como ha ocurrido en el caso del abogado Jhasmani Torrico, no puede ser analizado en un Tribunal Penal Ordinario”, enfatizó Lima entrevistado este viernes por el diario Los Tiempos.  

Lima recalcó que someter a los trabajadores de la prensa a juicios ordinarios, es un intento de censura.  

“Una de las formas graves de censura que existe y que la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) ha repudiado reiteradamente, es el uso del sistema penal para intimidar, para amenazar y para restringir la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, y este parece ser un ejemplo de cómo se puede mal utilizar para restringir derechos fundamentales. La libertad de expresión la ejercen todos los ciudadanos, pero especialmente ustedes”, indicó el ministro, dirigiéndose a los periodistas.   

Asimismo, la Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por la conminatoria judicial  y afirmó que este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento y en una limitación a la libertad de expresión.

“Este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y, por lo tanto, en un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión por un ejercicio impertinente de poder judicial sobre los medios de comunicación conminados a otorgar la información requerida, cuando la rectificación de información tiene una jurisdicción especial bajo el marco de la Ley de Imprenta”, afirmó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz recordó a las autoridades del Órgano Judicial que todas las peticiones realizadas dentro de procesos penales en las que se encuentren inmersos trabajadores de la prensa por hechos o actos desarrollados durante su labor periodística, deben enmarcarse en los estándares internacionales de la libertad de expresión y de prensa previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Situación de Torrico

Vale recordar que Torrico fue sentenciado a seis años y seis meses después que se filtraran unos videos en los que se lo ve golpeando de manera brutal a otra persona a la que le cobraba una deuda. El abogado utilizaba la violencia para cobrar las deudas solicitadas por sus clientes. 

Entre lo más sonado en contra de Torrico se encuentra la denuncia de tortura y extorsión a un mecánico en 2019 para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de $us 20.000 por un anticrético.

Ayer (24 de abril) la jueza de Quillacollo, Salomé Guzmán Terán, dictó arresto domiciliario en favor de Torrico. "La audiencia fue programada de emergencia, por una resolución de acción de libertad que había planteado el imputado, se había otorgado 24 horas para resolver su situación jurídica. La audiencia fue instalada sólo con dos jueces técnicos y se revocó la detención preventiva del imputado, se le otorgó la detención domiciliaria", confirmó a Página Siete Digital el titular del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Vladimir Pérez.

Además de la detención domiciliaria, a Torrico se le impuso el arraigo y una fianza económica de 80.000 bolivianos"En este momento no está en libertad, pero ya hay una resolución que revoca la detención preventiva", declaró Pérez.

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