Un estado de excepción en Bolivia podrá ser declarado por el Órgano Ejecutivo mediante la aprobación de un decreto supremo, norma que posteriormente debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa, y la duración del mismo puede extenderse hasta por 90 días, pero de forma excepcional, este “régimen jurídico extraordinario” se podría ampliar siempre y cuando la Asamblea Legislativa así lo autorice, según el proyecto de ley 161/2025-2026, de “Regulación de Estados de Excepción”.
Por la crisis política y social que atraviesa el occidente del país desde hace 36 días con bloqueos que cercan a la ciudad de La Paz desde hace 31, este proyecto de ley que envió el Ejecutivo es visto y analizado con celeridad en el Parlamento. Ayer fue aprobado en el Senado y mañana sábado es el turno de Diputados, instancia que ya convocó a dos sesiones: la primera de la Comisión de Constitución (08:45) y la segunda del pleno camaral (14:00).
Y ante la ola de desinformación que circula por redes sociales y plataformas digitales, desde el Gobierno nacional y también desde el Parlamento han aclarado que esta ley de Regulación de Estados de Excepción, es una norma marco, que solo establece los parámetros legales y constitucionales para que este Gobierno o los futuros gobiernos ejecuten este “régimen jurídico excepcional”, pero solo en caso de que así lo amerite un posible escenario.
Detalles de la norma
El artículo 7 de esta ley señala que el presidente del Estado mediante un decreto supremo podrá declarar estado de excepción por cuatro causales: Peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa; conmoción interna o desastre natural.
En ese mismo decreto el Gobierno debe explicar los motivos del estado de excepción, debe presentar una delimitación territorial, es decir, determinar si ese régimen abarca a todo el territorio nacional o solo a algunas regiones y especificar cuáles.
También debe precisar qué instituciones están a cargo de ejecutar la medida excepcional y establecer con claridad las facultades que estas instancias tienen, así como el tiempo de vigencia del estado de excepción que puede durar hasta 90 días.
“De forma excepcional se podrá ampliar dicho plazo previa autorización de la Asamblea Legislativa por votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes”, agrega el parágrafo II del artículo 10.
En este proceso, la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental ya que una vez declarado el estado de excepción, el presidente del Estado deberá informar a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del artículo 138 de la Constitución Política.
Una vez publicado el decreto supremo de estado de excepción, el presidente de la Asamblea Legislativa, en este caso, Edmand Lara, deberá convocar “de forma inmediata” y dentro de las 24 horas a una sesión permanente por tiempo y materia de Diputados y Senado para la aprobación del decreto supremo. El Parlamento tiene 72 horas para cumplir esta tarea.
Pero si después de esas 72 horas desde la declaratoria de estado de excepción, la Asamblea Legislativa no logra aprobar el decreto, “de manera excepcional se mantendrán las medidas asumidas hasta la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, se lee en el punto V del artículo 13.
¿Y qué es un estado de excepción?
El inciso 'a' del artículo 6 de la norma refiere que un estado de excepción, es el régimen jurídico extraordinario y temporal dictado por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado ante situaciones excepcionales de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
En caso de que el Gobierno decida decretar un estado de excepción, por los bloqueos y asfixia a La Paz la causa sería la “conmoción interna”.
Una vez aprobado el decreto y en caso de que las personas incumplan las disposiciones del estado de excepción, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas están autorizadas para arrestar a los infractores que serán trasladados ante autoridad competente.
Último recurso
Para el Gobierno, esta normativa que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa es un último recurso que podría aplicar en caso de que los pedidos de diálogo no prosperen y continúen los bloqueos y otras medidas de protesta como tomas de instalaciones de plantas de YPFB.
El presidente Rodrigo Paz, a tiempo de insistir en su pedido de diálogo a Mario Argollo, líder de la COB y Vicente Salazar, líder de los campesinos de La Paz, destacó que la ley que analizan los parlamentarios está en el marco legal y constitucional.
“Ese marco legal cumple las normativas de la Constitución para defender las libertades, para defender a las grandes mayorías. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución. Nosotros estamos priorizando la acción humanitaria, la acción del encuentro, la acción del diálogo. La Constitución nos ampara”, afirmó el jefe de Estado en Río Abajo.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé Laruta, subrayó que un estado de excepción solo se activa mediante la aprobación de un decreto supremo y que el objetivo principal es proteger el estado de derecho.
“El poder Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para entablar el diálogo”, sostuvo la autoridad y lamentó que apenas hay luces de acercamiento “aparecen los intereses oscuros” que vienen desde el Chapare, dijo Bascopé en alusión a Evo Morales.
Desde que comenzaron las protestas y bloqueos después del 1° de Mayo, los dirigentes que lideran la protesta, entre ellos Mario Argollo, Vicente Salazar, Justino Apaza, Yesenia Vargas, han desahuciado cualquier intento de diálogo con el Gobierno porque su única meta es lograr la renuncia del presidente Paz, según sus discursos y declaraciones ante la prensa.