El acuerdo establece que los dos proyectos deben ser abordados de inmediato por el pleno y definir qué sucederá con los magistrados

3 de febrero de 2024, 21:02 PM
3 de febrero de 2024, 21:02 PM

El lunes, la Cámara de Diputados debe aprobar por trámite el proyecto de Ley 144 que viabiliza la preselección de candidatos a magistrados. Después de derivar ese proyecto de Ley a la Cámara de Senadores deben abordar dos proyectos de Ley que ya fueron aprobados por los senadores, los proyectos 073 y 075 respectivamente.


Se trata de dos leyes cortas, el primero suspende los plazos procesales en todos los altos tribunales; asimismo deja en manos de los funcionarios administrativos y el secretario general del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el desarrollo de las labores.


“Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo disciplinarias, de conocimiento de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular”, señala el primero de tres artículos que tiene este proyecto.


El mandato


El proyecto de Ley 075 es el que no pudo ser acordado por oposición de los arcistas, pues se trata de la suspensión del mandato que los actuales magistrados autoprorrogados se aplicaron en diciembre. Este proyecto es más corto que el primero y solo tiene un par de artículos.


“Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”, señala el primero de dos puntos.


El segundo artículo señala que todos los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, cesarán en sus funciones desde el 2 de enero de 2024.


Este documento fue aprobado el 18 de diciembre de 2023, una semana después que los magistrados decidieran quedarse en sus cargos.


Los autoprorrogados insisten en quedarse en sus cargos con la venia que recibieron del Gobierno y de toda la bancada arcista que se opone a dejar vacantes los cargos judiciales.