Acusado de ‘terrorismo’, Camacho fue llevado a La Paz tras violento operativo

La orden de aprehensión fue emitida hace dos meses en La Paz, pero el operativo se ejecutó ayer, a tres días de Año Nuevo. Un grupo especial de la Policía, que actuó con personal encapuchado, interceptó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuando llegaba a su domicilio. Sucedió luego del mediodía y, según testigos, la operación fue violenta. 

Al final de la tarde, ataviado con una chamarra oscura y una camisa a cuadros, Camacho llegó a La Paz, fuertemente custodiado por agentes uniformados y vestidos de civil. Para esa hora, en Santa Cruz ya se habían instalado bloqueos en varias avenidas y se incendió la sede de la Fiscalía de Santa Cruz. Además, hubo una protesta en la plataforma de Viru Viru que bloqueó todos los vuelos. 

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que “grupos pagados habían provocado vandalismo”. El vicepresidente de la institución, Fernando Larach, indicó que habían “infiltrados” y protestó por la falta de protección de la Policía. “Es muy raro que no hayan uniformados en la Fiscalía”, dijo y reconoció que, en otros sectores, hubo una protesta legítima por la aprehensión de la autoridad. La tensión se apoderó de la noche y las calles de la ciudad se vaciaron.

Martín Camacho, abogado del líder cruceño, fue el primero en reaccionar. A eso de las 14:15 denunció una “intervención irregular de la Policía” y la acusó de perpetrar “un secuestro” contra la autoridad, porque no había una citación previa. Afirmó que fue trasladado a Viru Viru porque así le informaron las personas que estaban junto al gobernador en el momento de su violenta captura, justo frente a su domicilio.

Pero, la operación policial, bautizada como “Lobo especial”, movilizó, precisamente, a agentes del grupo “Los Lobos” que son parte de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Según fuentes policiales, se activaron varios “señuelos”. Uno de ellos llegó hasta el aeropuerto de Viru Viru y fue seguido por personas próximas a Camacho, entre ellos su abogado y varios de sus asambleístas, entre ellos Zvonko Matkovic, presidente del Órgano deliberante de Santa Cruz. 

Una vez allí, los efectivos redujeron al conductor del gobernador que estaba en el grupo. Activaron sus armas de reglamento contra uno de los vidrios del motorizado. Mientras tanto, otro grupo de uniformados trasladó discretamente a Camacho hasta el aeropuerto Viru Viru, donde fue embarcado en un helicóptero SuperPuma, operado por la Fuerza de Tarea Diablos Rojos, una unidad antidroga que coordina con la Policía Boliviana. Así se lo llevaron hasta Chimoré, en el corazón del trópico de Cochabamba, la zona del país que es conocida como bastión del MAS.

En medio de la confusión y antes de las 17:00, decenas de personas irrumpieron en la plataforma del Aeropuerto de Viru Viru ante la débil presencia de conscriptos que se vieron rebasados por la protesta. La gente quería evitar que Camacho sea trasladado a La Paz, desde donde el fiscal Omar Mejillones emitió la orden de aprehensión contra Camacho el 31 de octubre.

 Según ese requerimiento, Camacho está investigado de “terrorismo”, un delito que pudo cometer en el contexto de la crisis política de 2019, que estalló tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la anulación de las elecciones. La orden subraya la prerrogativa del Ministerio Público de requerir la asistencia policial necesaria, pero en un plazo de 48 horas, que ya venció.

El abogado defensor de la autoridad departamental afirmó que no se tenía conocimiento de esta determinación en octubre y recordó que Mejillones estuvo en Santa Cruz, a mediados de julio, para tomar la declaración de su cliente “y en cumplimiento de un recurso que fue aceptado”.

 Pero, ese actuado se suspendió tras denuncias de “supuestas amenazas que la Fiscalía no llegó a explicar”, apuntó Martín Camacho. En La Paz, la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien presentó la denuncia contra el Gobernador cruceño, destacó el operativo y pidió “que sea condenado a 30 años de cárcel”, la pena máxima en Bolivia, por los fallecidos en las masacres de Sacaba y Senkata que se produjeron en noviembre de 2019.

Esa crisis política se produjo tras la renuncia de Evo y la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La expresidenta ya fue sentenciada a 10 años de cárcel por decisiones contrarias a la ley que cometió cuando asumió, pero el gobierno de Luis Arce ahora pidió juzgarla por “genocidio” ante un tribunal ordinario. 

En un breve mensaje enviado desde sus cuentas en redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó a las 14:45 la “aprehensión” de la autoridad regional. Luego y al término de dos horas explicó: “Hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad”. Este criterio fue emitido antes de Camacho vea a un juez.

Cerca de las 18:00, la Fiscalía General del Estado, también en un comunicado, confirmó su participación en el operativo. “No se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

 Asimismo, el ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso, desde su inicio en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”, señala el documento. En Santa Cruz, sus abogados negaron que Camacho haya estado al tanto del proceso.

“Desconocemos en cuál de tantos procesos que han abierto al gobernador se haya emitido esta resolución (de aprehensión), que es el ministro Del Castillo, quien ha dicho mediante un Twitter —mire la informalidad a la población— dar a través de Twitter informe sobre un acto tan vandálico”, manifestó Martín Camacho, abogado del gobernador, quien anunció acciones legales en favor de la autoridad departamental que ya se encuentra en La Paz. 

El operativo “Lobo especial” también se ejecutó en La Paz con varios señuelos. Al final de larde, el gobernador aprehendido llegó a la Base Aérea de El Alto y de allí se movilizaron decenas de efectivos en camionetas, jeeps y motos hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto. Pero fue otro grupo que llevó a Camacho hasta la Felcc de La Paz. 

Las oficinas de esta dependencia policial está a escasas tres cuadras de la plaza Murillo, donde está la Casa Grande del Pueblo y donde Arce celebró, por la mañana, su última reunión de gabinete de este año.

“No retrocederemos ni un centímetro lo avanzado”, escribió Arce tras la reunión con sus ministros y por la tarde, durante el congreso de la Federación de Campesinos de Oruro. Allí habló “de recordar las condiciones” que permitió que el MAS retorne al poder tras las elecciones de 2020, “como instrumento político, como pueblo organizado”. Así, llamó a “la unidad” de las organizaciones, justo en un momento marcado por la crisis interna en el MAS.

“Esta es una respuesta del Gobierno; no contra Camacho, sino contra toda una región que ha cuestionado democráticamente todas las políticas del Gobierno central; es una respuesta violenta contra el pueblo cruceño que ha elegido a una autoridad y que ha tenido la osadía de exigir libertad. No ha habido una aprehensión; fue un secuestro porque no se dio una citación previa”, afirmó anoche el secretario asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez.

Camacho fue uno de los protagonistas clave en las movilizaciones por un censo “oportuno y transparente” y el paro indefinido que se prolongó por 36 días, entre octubre y noviembre. 

“Es, realmente, lamentable ver a nuestra ciudad convulsionada. Repudiamos la forma violenta y arbitraria en la que se aprehendió al gobernador Luis Fernando Camacho, atropellando sus derechos y atentando contra la democracia. Mi solidaridad hacia él y su familia”, señaló Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quien también fue parte del Comité Interinstitucional que impulsa el próximo censo.

Por la noche, el clima citadino giró bruscamente. Decenas de vehículos se agolparon a los surtidores y rotondas emblemáticas como la de la Madre India y de la Virgen de Cotoca fueron bloqueadas. El recuerdo del paro de los 36 días volvió a la ciudad.

La Asamblea de la Cruceñidad asumirá medidas este jueves y se prevé que, en La Paz, un juez determine la suerte de Camacho.

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