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Los tres primeros pliegos acusatorios que considerará el MAS en contra de la expresidenta Jeanine Áñez tienen delitos repetidos, aunque la norma prohíbe que se juzgue a una persona por el mismo delito más de una vez. Los tres pliegos acusatorios que considerará la comisión mixta de Justicia Plural así lo reflejan.  


“La próxima semana nos vamos a reunir para tratar, ya tenemos avanzados algunos informes y también se les ha pedido a los técnicos de los diferentes asambleístas poder ser parte para trabajar en conjunto”, dijo la presidenta de la comisión mixta de Justicia Plural, senadora Patricia Arce.


Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, es el delito que aparece en los tres primeros procesos según el informe al que accedió EL DEBER. Conducta antieconómica está en el primer y segundo caso; mientras que el delito de incumplimiento de deberes figura en el segundo y tercer proceso. Los delitos que no se repiten son: uso indebido de influencias, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.


De acuerdo con este documento, el primer caso a considerar será el de Fundempresa. Según el informe, en septiembre de 2019, cuando el MAS estaba en el Gobierno, se inició el proceso de licitación para la administración del Servicio de Registro Público de Comercio que estaba a cargo de Fundempresa.


Un año después, el 29 de septiembre de 2020, el gobierno de Jeanine Áñez promulgó el decreto 4356 que ampliaba esa concesión por 15 años adicionales y mandaba al Ministerio de Desarrollo Económico a modificar el contrato, ese documento no solo modificó el tiempo, sino el porcentaje de participación que tiene el Estado en ese registro.


El 2 de diciembre de 2020, el nuevo gobierno de Luis Arce promulgó el decreto 4407 con el que derogó la concesión que había hecho Áñez. Aunque en el decreto 4356 figuran los nombres de todos los ministros del gabinete, estos no están incluidos en el pliego acusatorio.


El FMI


El segundo caso es el referido al crédito del FMI por $us 327 millones, según la explicación de los legisladores del MAS, el Gobierno de Áñez "forzó el crédito y nunca logró la aprobación de la Asamblea, que exigía documentos sobre el destino de ese dinero".


El pliego menciona los nombres de altas autoridades de Estado de ese entonces: José Luis Parada Rivero, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, Yerko Martín Núñez Negrete y Carlos Schlink Ruiz son las personas que figuran en este pliego, sin embargo no están acusados, en la nómina de acusados solo figura la expresidenta.


La prensa


El tercer pliego que llegó a la Asamblea es el referido al decreto 4231 (que penaliza a quienes pongan en riesgo o afecten a la salud pública en el marco de la pandemia) y se basa en una denuncia que presentó Ronald Montecinos Colque, un boliviano que reveló malos tratos y el impedimento de volver al país por causa de las restricciones fronterizas.


El pliego señala que Áñez promulgó el decreto 4231 que establecía penas de hasta diez años de cárcel a “las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señala el pliego.

 


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