Acusan a Del Castillo de la crisis carcelaria y de proteger narcos; el oficialismo lo niega

Las acusaciones contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se multiplican. Lo sindican de provocar y no frenar la crisis carcelaria por la muerte de ocho reos en dos meses, así como también de proteger al narcotráfico. Desde el oficialismo, los seguidores del presidente Luis Arce descartan que existan problemas en los centros penitenciarios y exigen a los legisladores del MAS que apoyan a Evo Morales y a los opositores que si tienen pruebas de que existe cobertura a la delincuencia, que denuncien los casos en la Fiscalía.

Este medio intentó comunicarse con el ministro Del Castillo y con el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, pero en ningún caso hubo respuesta.

Entre enero y febrero ocho reos perdieron la vida en centros de reclusión del país. Siete en La Paz y uno en Pando. Todas las muertes se suscitaron por enfrentamientos entre reclusos, con uso de armas de fuego o punzocortantes.

El domingo, horas antes del asesinato a balazos de un reo en Cobija y de la muerte de otro el lunes en el penal paceño de San Pedro, Del Castillo había declarado que no se podía hablar de una crisis carcelaria y descartó la destitución del director de régimen penitenciario.

“Bolivia tiene las cárceles más seguras de América Latina. Es uno de los países donde menos crímenes se producen en el interior de los penales. Si comparamos con Ecuador que tiene 400 muertes en menos de dos años sustenta lo que digo. Evidentemente siempre podemos mejorar”, manifestó. 

El diputado Gualberto Arispe, del MAS, señaló que si lo que se ha visto en las últimas semanas no es una crisis carcelaria, “entonces, cómo se puede llamar. Quienes administran las cárceles no lo van a aceptar, pero la respuesta salta a la vista, hay ocho fallecidos”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, lamentó que las cárceles se hayan convertido no solo en lugares donde los delincuentes perfeccionan, su carácter delictivo, sino que son espacios donde no se respetan los DDHH”.

Mencionó, como ejemplo, los abusos que se cometieron contra perseguidos políticos del oficialismo, como el caso del exjefe del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, quien se convirtió en acusado en decenas de procesos por denunciar de un millonario desfalco en esa entidad y falleció tras las rejas.

Destacó también los abusos cometidos en contra del dirigente de Adepcoca, César Apaza, quien sufrió golpizas en Chonchocoro, que presumiblemente provocaron un accidente cerebro vascular (ACV), que lo tiene postrado en una cama de hospital. “El sistema carcelario no es una prioridad del Gobierno, y su interés es convertirlo en un lugar donde los perseguidos políticos vayan a sufrir un régimen de terror y padecer actos inhumanos”, aseguró Urquidi.

Acotó que el sistema carcelario no busca la reinserción de los reclusos. “Ocurre todo lo contrario; no hay una política”.

La senadora de Creemos Centa Rek coincidió con que “en los últimos días el caso del dirigente cocalero César Apaza se ha convertido en un paradigma de las violaciones a los derechos humanos que sufren los presos bolivianos en las cárceles del país por parte de autoridades de Gobierno, Ministerio Público y Órgano Judicial que incurren en todo tipo de transgresiones”.

Mencionó también que “la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “han sido impedido de recibir atención en centros hospitalarios. Lo mismo ocurre con ex ministros y jefes militares detenidos preventivamente por la falsa sindicación de golpe de Estado, cuando en realidad hubo protestas ciudadanas como reacción al fraude electoral cometido por el ex presidente Evo Morales”.

Recordó también a Aramayo. “Falleció por un coma diabético, consecuencia de las torturas y tratos inhumanos que sufrió por parte de Régimen Penitenciario y del Ministerio Publico por siete años consecutivos, como detenido preventivo por denunciar corrupción en la gestión de Evo Morales”.

Pero el discurso oficial es negar la crisis. El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, como lo hizo Del Castillo, declaró ayer que en Bolivia no hay muertes colectivas en cárceles como en Ecuador. Mencionó que el índice de violencia a en las prisiones del país está por debajo con relación a Colombia, Perú o México.

“Seguimos trabajando, tenemos la autoridad, sabemos que hay que ajustar, hay que seguir mejorando los mecanismos de control y supervisión al interior de los penales. Tenemos que trabajar en identificar esos malos elementos, que de pronto han permitido el ingreso de sustancias no permitidas, como alcohol. Habrá mejoras en los mecanismos de control y supervisión, pero no hay crisis”, dijo.

Romero coincidió con el director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, quien minimizó este lunes la muerte de ocho privados de libertad en cárceles bolivianas, argumentando que se trata de un mínimo porcentaje tomando en cuenta la cantidad de reclusos que hay en el país, reseñó el portal Público.com.

Narcotráfico
El exministro Carlos Romero denunció que “en los últimos tres años, y no solo desde el nivel político, sino desde lo policial y judicial, hay hechos que demuestran que hay protección al narcotráfico por parte del Ministerio de Gobierno, complicidad e impunidad”.

El diputado Rolando Cuéllar, MAS, respondió al exministro con acusaciones del mismo calibre. “Carlos Romero es el pez gordo del narcotráfico. Si tiene pruebas, por qué no presenta a la Fiscalía. Vamos a demostrar que él es narco”. El diputado hizo ya esa denuncia hace más de un mes. En esa oportunidad se le preguntó por qué no había presentado la denuncia, respondió: “Alistamos elementos de prueba”.

El diputado Arispe insistió en que hay protección. “Cualquier tipo que cae por narcotráfico se lo investiga por enriquecimiento ilícito, lo que no afecta a los bienes que se hayan comprado o materializado. Vemos complicidad, especialmente del Ministerio de Gobierno”.

Denunció que decomisan un monto de dinero las fuerzas antidroga, “y entregan la mitad. Cuando los investigan dicen que le pagaron al informante. hay protección por todas partes, preocupa bastante”. 

El diputado Cuéllar también le respondió: “Eso es falso, si tiene información o pruebas, que entregue su celular a la Fiscalía.

 Morales, Romero y Arispe están en un plan de desprestigiar al Gobierno, eso es todo”, dijo el legislador ‘arcista’. La guerra interna continúa.

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