La construcción del alcantarillado en el distrito 7 en Viacha, La Paz, tiene financiación de España. La obra fue adjudicada a una constructora con sede en Santa Cruz. El proyecto tiene un costo de más de Bs 78 millones y será entregada este año

19 de mayo de 2023, 4:00 AM
19 de mayo de 2023, 4:00 AM


La construcción de la red de alcantarillado sanitario zonas este y oeste del distrito 7 de Viacha, en La Paz, cuenta con financiación externa del Gobierno español dentro del Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia Frente a España. La obra es ejecutada por una empresa constructora con sede en Santa Cruz y que, según la mano derecha y “recaudadora” del exministro Juan Santos Cruz, está implicada en el escándalo de coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“La primera obra que el Ministerio adjudicó fue la construcción de alcantarillado en el distrito 6 de Viacha (La Paz). Primera obra, primer desacuerdo. El ministro me dijo que pida un 8% de comisión. Yo me negué”, dijo a un medio de comunicación Claudia Cortez, exfuncionaria y estrecha colaboradora de Santos Cruz.

La mujer añadió que la obra costó Bs 78 millones y del total se cobró un 3% de “comisión”. La negociación se habría hecho a través del señor R. A y se cerró el negocio con una “coima” del 1% antes de que la empresa se adjudicara la obra y luego de firmado el contrato entregó el 2% restante.

De acuerdo a la información disponible en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), existe un contrato entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con una empresa cruceña por un monto de Bs 78.033.263 que luego se modificó y subió a Bs 78.571.827, tal como dijo Cortez sobre la existencia de contratos modificatorios que hicieron que la comisión suba del 3% al 5%.

Aunque la exfuncionaria hace referencia que la obra se realizó en el distrito 6 de Viacha, en los documentos se establece que la empresa adjudicataria construyó el alcantarillado en el distrito 7. En el Sicoes figura como la única obra destinada para Viacha en la gestión de Santos Cruz.

El primer contrato que se firmó entre el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa representada por J. A. C. B. fue el 7 de julio de 2021. La cláusula tercera señala que el objetivo es la “Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario Zona Este y Oeste Distrito Siete - Viacha” cuyo plazo de ejecución era de 365 días calendario.

El segundo contrato modificatorio, firmado el 6 de diciembre de 2022, aumenta el plazo de ejecución a 503 días calendario y también el monto de la obra por Bs 500.000 más. Finalmente, la última modificación se realizó en enero de este año y señala que la “recepción provisional de la obra” será el 15 de mayo de 2023. 

Este medio intentó contactarse con la oficina central de la empresa aludida, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, un allegado al representante legal dijo que no conoce sobre las acusaciones de supuestas coimas y pidió aproximarse a las oficinas en Santa Cruz para obtener mayor información.

En el proyecto de alcantarillado no solo la empresa cruceña fue contratada, sino también figura un proceso de contratación de consultoría con la Asociación Accidental A. N. El monto adjudicado es de Bs1.583.140 “para el componente social distinto a la obra” y los responsables trabajan con la población beneficiaria sobre el uso y cuidados del agua. 

EL DEBER se contactó con un representante de la segunda empresa quien confirmó que la constructora cruceña nombrada por Claudia Cortez se ocupa de la obra en Viacha.

Cortez, según la publicación de Rimay Pampa, señaló al señor R. A. como la persona que le pagó Bs 560.000 en efectivo. “Me entregó el dinero en una casa alquilada sobre la calle Ingavi de La Paz, cerca a la plaza Riosinho. El total del dinero se encontraba en una mochila. Por todo, la comisión sumó Bs 2.340.000”, aseguró.

El escándalo de las coimas y las revelaciones de la recaudadora desembocaron en la renuncia de Juan Santos Cruz al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, quien también fue enviado ayer a la cárcel por seis meses junto a su sobrino Jhonny A. S. S. y la exfuncionaria Viviana B. Todos acusados de enriquecimiento ilícito.

España y Bolivia
El alcantarillado del distrito 7 de Viacha se sustenta en el Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a España. El 30 de abril de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo suscribieron un convenio interinstitucional de financiamiento CIF UAP/ESP/1300/2019.

El 8 de marzo de 2022, el entonces ministro Juan Santos Cruz, acompañado del viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda; el alcalde del municipio de Viacha, Napoleón Yahuasi; el embajador de España en Bolivia, Javier Gassó, y dirigentes vecinales dirigió el acto de inicio de la obra protocolar del alcantarillado.

En la página de Facebook del Ministerio de Medio Ambiente se registran fotografías y videos del acto y, de forma llamativa, afirma que la obra “tendrá una inversión de Bs 83,17 millones”.

Investigación a empresas
El Viceministerio de Transparencia y el Ministerio Público están indagando no solo al círculo familiar de Juan Santos, sino a las empresas y sus representantes que habrían entregado las coimas a través de terceros para beneficiarse con las adjudicaciones. 

“Se investigará a quienes hayan participado directa o indirectamente de estos hechos, independientemente si son servidores públicos, exservidores, personas naturales. Lo importante en este proceso es establecer la verdad histórica de los hechos, qué es lo que ha pasado, si realmente pasó o no lo que denunció la señora Cortez”, dijo la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, en contacto con EL DEBER.

Ríos informó que el martes se hizo el registro de las oficinas ejecutoras de los programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar los documentos de los procesos de contratación.

“La documentación está en análisis, hay que verificar evaluar juntamente al cruce de información que corresponda a los desembolsos, pagos y la información financiera que reporte la Unidad de Investigaciones Financieras”, manifestó.
Sobre la obra con financiamiento español, Ríos dijo que aún deberá cruzar la información. A la fecha, se conocen que son siete las empresas que se adjudicaron proyectos.

El diputado Freddy Mamani, del MASA, al igual que otros legisladores, pidió investigar a las empresas adjudicatarias de obras ya que, según el legislador oficialista, tienen responsabilidad al haber fomentado o promovido hechos de corrupción en el Órgano Ejecutivo.

El corrupto no es solo el que recibe, el corrupto es aquel que ofrece también. Por lo tanto, necesitamos que esta investigación pueda ampliarse a las empresas. Hemos encontrado la punta del ovillo y esto va ir para más allá”, manifestó Mamani, expresidente de la Cámara de Diputados.