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La revisión manual de equipajes de pasajeros en aeropuertos o en frontera se realiza porque los scanners disponibles alertan sobre el contenido de los equipajes que rebasan los límites que establece la ley, señaló la Aduana Nacional a través de una nota de prensa.


Este control aduanero se realiza considerando la información obtenida a través de los scanners aplicándose las medidas de bioseguridad. El decomiso de mercancías portadas por pasajeros internacionales procede cuando se trata de mercancía que no se sujeta al régimen de viajeros o que superan el límite de $us 1.000 establecido como franquicia”, señala el documento divulgado por esa repartición estatal.


Los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional de Viru Viru  denunciaron un excesivo control de funcionarios de Aduana, lo que provoca malestar y una demora en la salida y entrada de pasajeros, con el consiguiente perjuicio.


La Aduana recordó que existe una normativa que permite el ingreso de mercadería sin el pago de tributos, siempre y cuando sea de uso personal de los pasajeros, como una máquina fotográfica o una computadora portátil, una filmadora y accesorios, una grabadora, radiograbadora o radioreceptor; un teléfono celular.,  artículos para deportes; un instrumento musical portátil; o coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal.


Los pasajeros se quejaron de un excesivo celo de los funcionarios al momento  de la revisión de los equipajes. Pero la Aduana recordó que existen normas y reglas sobre las cantidades de artículos que se pueden introducir al país.


La Aduana recordó que cuando se decomisa una mercadería cuya importación no se encuentre prohibida, el interesado puede nacionalizarla aplicando el régimen de importación a consumo (para valores mayores a $us 2.000) o el despacho de importación de menor cuantía (para valores que se encuentren entre $us 1.001 y $us 2.000)


También alertó que las mercancías que no sean nacionalizadas por voluntad del viajero son dispuestas de acuerdo al ordenamiento legal vigente, procediendo a la subasta pública o su entrega al Ministerio de la Presidencia, como manda la Ley.


 

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