El director del programa admitió que existen dificultades y planteó cambiar la ley para mejorar las condiciones

7 de septiembre de 2022, 20:18 PM
7 de septiembre de 2022, 20:18 PM

La política de vivienda social que desplegó el gobierno de Evo Morales y las condiciones de crédito de vivienda que exigen los bancos fueron los dos argumentos que utilizó el director de AE Vivienda, Juan José Espejo, para justificar el abandono de los condominios que construyó Morales antes de 2019.


“Todos los proyectos fueron iniciados en gestiones anteriores (Gobierno de Evo Morales) cada uno con ciertas particularidades, que mereció acciones de solución y que fueron realizadas en 2020 y 2022”, dijo Espejo en clara alusión al programa del expresidente y dijo que el actual Gobierno no tiene planes de construir más viviendas hasta que se termine de vender lo que tienen en este momento.


El director de AE Vivienda añadió que el programa fue pensado para otro tiempo, cuando había estabilidad económica. “Lamentablemente en el transcurso de la pandemia y del ‘golpe’ se ha abierto otro tipo de escenario para estas soluciones habitacionales. Lamentablemente, a la fecha, no pueden ser compradas por los beneficiarios, entonces se está viendo la posibilidad de poder mejorar el reglamento”, adelantó.


EL DEBER publicó un informe de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en el que se pudo establecer que el 70 % de las viviendas sociales que construyeron ante de 2019 están deshabitadas y solo un 30 % están ocupadas.


“(Los interesados) tienen que tener la suficiente liquidez para poder pagar estos créditos, entonces nosotros enviamos las carpetas, llevamos a la entidad que los postulantes vean conveniente y es ahí donde las entidades financieras ponen sus condiciones, más allá no podemos interceder”, justificó el director de la estatal de vivienda.


De acuerdo con su declaración, AE Vivienda ensayó diferentes estrategias de socialización para vender las viviendas en los departamentos del eje del país, sin embargo, el problema principal es la capacidad de pago que tienen los interesados y por tanto, no pueden acceder a este beneficio.


La salida que planteó Espejo fue la de elaborar una ley que modifique la actual normativa y se pueda flexibilizar las condiciones de los créditos y de ese modo hacer más accesible el ofrecimiento de vivienda social.


Actualmente, el sistema financiero cobra entre 5,5 % y 6,5 % de interés para los programas de vivienda de interés social; además, el interesado debe cumplir una serie de requisitos y la principal es demostrar el nivel de ingresos que tiene para acceder a este plan.