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El exaltado discurso del lunes, cuando el presidente del Estado, Luis Arce, anunció que el INRA está revisando la titulación de más de 760.000 hectáreas de tierras realizadas durante el gobierno de transición, provocó que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convoque para hoy a una reunión con sus 16 sectores afiliados para establecer una posición institucional, en un momento cuando arrecian las disputas por la tenencia de la tierra en el oriente boliviano.

El presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, manifestó que una de las premisas es que se debe respetar la legislación actual, así como se someten todos los productores privados al proceso agrario. “En ese sentido, nosotros siempre vamos a defender a todos los productores que hayan cumplido su debido proceso agrario en el marco de la legalidad correspondiente”, señaló.

Asimismo, afirmó que se han generado las condiciones para establecer mesas de trabajo con el INRA, lo cual debería ser recíproco para garantizar la transparencia de los procesos. También mencionó que se ha gestionado que la comisión jurídica del sector productivo se instaure como el control social en instituciones, no solo dentro del INRA, sino en la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra).

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Fidel Flores, expresó que en la reunión se analizarán todos los temas de actualidad. “Los saneamientos que se están llevando adelante se tienen que respetar si están dentro del marco de la legalidad”, dijo.

Sin amedrentamiento

El presidente de la Federación de Lecheros de Santa Cruz (Fedeple), Mauricio Serrate, manifestó no sentirse preocupado por las aseveraciones del presidente Arce, sino por las probabilidades de que las revisiones sean un instrumento de amedrentamiento hacia los productores. “Tampoco queremos que se convierta en un instrumento de reparto indiscrecional de la tierra (...). El concepto que tenemos es ir en contra de los asentamientos ilegales no solo en tierras privadas, sino también en tierras fiscales”, expresó.

En una opinión que consideró personal, Serrate aseveró que el discurso presidencial en San Julián fue “un poco” agresivo. “Creo que los cruceños ya estamos hartos de que se generen confrontaciones. Es momento de reactivar la economía, estamos pasando por una recesión muy complicada donde en nada y en poco ayudan estas situaciones”, añadió.

De su lado, Óscar Alberto Arnez, presidente de la Confederación de Cañeros de Bolivia (Concabol), rechazó algunas versiones de que los productores estarían lucrando con la tierra y aclaró que si existen trámites pendientes sobre saneamientos, se debe a razones de colindancia, por ejemplo.

Los 26.000 títulos

El asesor legal del INRA, César Córdova, explicó que los 26.000 títulos anunciados por el presidente Arce, se entregarán a propiedades empresariales, medianas y pequeñas, así como a Tierras Comunitarias de Origen (TCO) “regadas en todo el país”.

“La entrega tiene un proceso en Derechos Reales, donde el INRA no tiene tuición, solo entregamos la documentación y ellos nos otorgan los títulos”, precisó.

Consultado sobre probables titulaciones en reservas forestales o áreas protegidas, Córdova, indicó que el único predio observado es uno perteneciente a la familia Marinkovic, en la Reserva Guarayos, en Santa Cruz, donde la administración del gobierno transitorio intentó otorgar título para 12.000 hectáreas, cuando la ley restringe a 5.000 hectáreas.

INRA: HUBO UNA TERGIVERSACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE SUJETA A REVISIÓN, SON 270.000 HECTÁREAS

El asesor legal del INRA, César Córdova, aseguró que hubo una tergiversación en cuanto a los datos que brindó el presidente Luis Arce en San Julián, ya que no son 760.000 hectáreas las que están sujetas a revisión, sino 270.000, que corresponden a predios ubicados entre Santa Cruz y Beni.

“El INRA solo está haciendo una revisión técnica y jurídica para ver si es que se han cumplido todos los procedimientos, si es que se han emitido las resoluciones en base a los plazos o normativa agraria”, precisó, a tiempo de explicar que la instancia competente para impugnar un proceso ante el Tribunal Agroambiental es el Viceministerio de Tierras.

“En el caso que hubiera alguna anormalidad, seguramente (el Viceministerio) anulará estas resoluciones y el INRA cumplirá el proceso de saneamiento dentro de la norma”, dijo el funcionario.


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