Aguilera ve un “vacío legal” en medio de presiones por el control de la Gobernación de Santa Cruz

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz debe resolver este jueves la acción de cumplimiento que interpuso el MAS para que el vicegobernador Mario Aguilera ejerza su mandato departamental, pero bajo la figura de la “suplencia gubernamental”.

En la antesala de este fallo, hay presiones sobre la Gobernación por parte del partido azul y también desde el circulo próximo al gobernador, Luis Fernando Camacho, según reconocieron varias fuentes consultadas.

En este escenario, los voceros de Creemos, la alianza política que fundó Camacho, consideraron que si el dictamen favorece al partido gobernante, se vulnerarán los derechos de 850.000 cruceños que lo eligieron a través del voto. En consecuencia, rechazaron la posibilidad de que el líder de la alianza pierda responsabilidades políticas y administrativas en Santa Cruz porque, a pesar de su encierro, no ha renunciado a ninguno de sus derechos políticos.

La asambleísta Paola Aguirre (Creemos) manifestó, en este contexto, que su partido velará por la institucionalidad y estabilidad de la gestión, a cargo de Camacho. Esto tomando en cuenta la forma violenta que fue capturado. “Es un preso político”, insistió.

Pero Aguilera señaló que no tiene ninguna relación de coordinación con los estrategas de su partido y, en ese marco, reclamó la necesidad de aplicar determinaciones “institucionales y autonómicas”, antes que “políticas”. En ese contexto, el viernes, la autoridad solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental que elabore una norma para regular este tipo de suplencias y, de este modo, evitar “un vacío legal”.

“Lo que estamos viviendo hoy en la Gobernación es porque existe este vacío legal. No está la palabra ‘ausente’ en nuestro Estatuto. Eso se soluciona con una legislación”, afirmó Aguilera, luego de recordar las consultas que formuló a la Asamblea Legislativa de Santa Cruz en enero, precisamente, para comprender el alcance de la legislación sobre “ausencia temporal”.

“Hice las consultas y está fue la respuesta: ‘Con relación a las causas por las cuales se materializa la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador, no existe un desarrollo normativo que establezca causal’. Entonces, hay que desarrollarla. Esa es la solicitud a nuestra Asamblea Legislativa. Hay que hacer un procedimiento que aclare estas situaciones y algunas otras que puedan aparecer para el futuro”, explicó y señaló que hay un referente normativo en el Código Civil que no aplicaría para esta polémica.

Un día antes, Aguilera había admitió la existencia de presiones “internas y externas” en esta difícil coyuntura, pero no precisó su origen. En la Gobernación casi nadie quiere referiste a los criterios dispares que se han dicho entre Aguilera y los asambleístas de Creemos, la fuerza oficialista en la Gobernación de Santa Cruz.

“Respaldamos plenamente la posición que el vicegobernador ha asumido en coherencia con la estructura orgánica que hay en la Gobernación. Nos solidarizamos con los actos de acoso, hostigamiento y presión que desde hace semanas atrás han dirigido en contra del Vicegobernador por parte del MAS”, dijo la asambleísta Paola Aguirre (Creemos).

“No vamos a permitir que aquellos que no se preocupan por el bienestar colectivo, sino por preservar sus espacios de poder, o retomarlos generen inestabilidad en la Gobernación de Santa Cruz, nuestro deber es servir al pueblo y es lo que vamos hacer como asambleístas departamentales”, remarcó la representante.

El abogado Vladimir Peña, quien fue secretario de la Gobernación en los tiempos de Rubén Costas, advirtió que hay presiones internas que se manifiestan desde diversos escenarios e “intereses”. Instó no perder de vista que las obras, servicios y la administración de personal que hay en la Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, que hay que saberla administrar con “madurez” e institucionalmente.

La planilla de la Gobernación estuvo formada hace dos años por 600 personas con ítem, unas 2.500 a contrato y 5.000 del sector salud, el más sensible actualmente debido a las necesidades emergentes en el departamento.

“Hace falta madurez. Si bien esta crisis la genera el MAS, con el secuestro de Camacho, tanto el vicegobernador, como el gobernador deberían haberse puesto de acuerdo ante esta compleja situación. No pueden haber cuestiones insalvables cuando está de por medio el interés de Santa Cruz”, remarcó el exsecretario, tras recordar que ambos fueron elegidos a través del voto.

El sector próximo al gobernador Camacho está liderado por el senador Erik Morón (Creemos), quien logró visitarlo en prisión por lo menos en cuatro oportunidades. De igual modo, el secretario de Gestión, Efraín Suárez, ha llegado a Chonchocoro todas las semanas con los pendientes vinculados con la administración gubernamental de Santa Cruz. El presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, junto con la asambleísta Aguirre también son parte del círculo de confianza de la primera autoridad cruceña, además de un grupo de legisladores de su tienda política.

Aguilera intentó reunirse con Camacho en una ocasión, pero lamentó que un tema administrativo, surgido de la misma Gobernación, haya evitado el encuentro. “Hemos escuchado al vicegobernador, pero los criterios más complejos son los del MAS, que quieren dar un golpe a la Gobernación. Pero, sería lo ideal que la justicia le permita al vicegobernador visitar al gobernador para que puedan dialogar”, afirmó el senador Henry Montero (Creemos), quien es médico y se hizo cargo de las atenciones que recibe el gobernador en Chonchocoro.

Desde el MAS, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, consideró que existe claridad en el Estatuto de Santa Cruz y que Aguilera ya debió haber asumido. “El vicegobernador tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hay un Estatuto cruceño que tiene que cumplirse. Sería una cobardía renunciar. Cuando uno se mete a una actividad tiene que comenzar a bailar en los momentos difíciles y alegres. Es una persona proba y creo que lo hará mejor que Camacho, obviamente, el tiempo que le toque estar. No estamos diciendo que Camacho deje de ser gobernador. Estamos diciendo que alguien tiene que estar a cargo de la Gobernación”, señaló el diputado.

Desde el Gobierno, el viceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, señaló “el voto de los cruceños que eligieron a Camacho se tiene que respetar”, pero se debe cumplir el estatuto que se tiene.
Peña lamentó que el MAS apoye el Estatuto, “cuando durante años lo llamó trucho e ilegal”. “Ellos quieren aprovechar el caos”, dijo.