Al menos cuatro sectores se movilizan contra el paquete de ‘leyes mordaza’

Se trata de tres proyectos normativos que, según la explicación del Gobierno, tienen que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado en favor de los derechos humanos y la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Según el análisis de expertos en derecho constitucional, se afecta la libertad de expresión con artículos “mordaza”.

Frente a este escenario, grupos ciudadanos se movilizaron ayer en Santa Cruz para exigir que estas iniciativas legales sean retiradas formalmente de la Asamblea.

Por ejemplo, vecinos del movimiento Resistencia Cambódromo bloquearon ayer la carretera al norte, a la altura del ingreso al aeropuerto de Viru Viru. Según los dirigentes de esa plataforma, la medida “se va a radicalizar” si no son debidamente escuchados.

En ese sentido, también pidieron a los ciudadanos de otros departamentos y a las distintas plataformas sumarse a la protesta. Para este sábado 15 de abril se ha previsto una reunión nacional de estas organizaciones ciudadanas. 

Por su lado, asociaciones de periodistas y trabajadores de la prensa protagonizarán “un plantón” en La Paz y Santa Cruz para expresar su rechazo a estos proyectos. A escala nacional, los médicos prevén movilizaciones de protesta en coordinación con otros sectores de la sociedad civil. 

“Estamos reuniéndonos con todos los sectores, para este jueves tenemos reunión con los jubilados, también con los gremialistas y transportistas de todo el país. Es importante que el Gobierno entienda que este país vive de la democracia”, sostuvo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea. El dirigente aseguró que su sector “respeta plenamente al presidente Luis Arce”, pero “en ese marco de respeto” exigirán que no se pongan en marcha leyes que atenten a las libertades.

“Quiero lamentar que algunos elementos mal intencionados estén causando alarma y zozobra en la población. La agenda legislativa es pública y ninguna de esas leyes que están cuestionando será tratada pronto. A lo mejor, estén en algún comité por ahí; es más, el proyecto de ley de ganancias ilícitas está suspendida, no está siendo tratada”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, quien aseguró que estas iniciativas deben ser debatidas con los sectores sociales.

Precisamente, el primer proyecto observado, y que cobró notoriedad pública, fue presentado por el Ministerio de Justicia con el propósito de “fortalecer la lucha contra la legitimación de Ganancias Ilícitas”. El proyecto 280 tiene dos artículos con los que se endurecen los castigos con hasta 25 años de prisión para delitos de “terrorismo”, un tipo penal calificado de “ambiguo” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y entidades especializadas de la ONU.

El ministro de Justicia, Iván Lima, se reunió ayer con la Asamblea de la Alteñidad para explicar el alcance de la normativa que, según los motivos planteados en el proyecto, prevé regular el alcance del delito de terrorismo, de acuerdo con las recomendaciones del GIEI. Lima insistió, en varias ocasiones, que se apunta a delitos de corrupción como el que pudo haber cometido el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, con la compra irregular de 41 ambulancias para su departamento.

Eso sí, actualmente es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está detenido bajo cargos de terrorismo y Mamani se defiende en libertad, pero bajo la actual regulación penal. 

Ahora bien, la propuesta 280 establece, por ejemplo, penalidades para aquellas personas que incurran en acciones contra un gobierno democráticamente electo.

El dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, anunció medidas de presión en todo el país contra ese proyecto y exteriorizó su rechazo en la Comisión de Constitución que la estaba analizando. La propuesta está paralizada mientras sea difundida en eventos, como el que se realizó ayer en El Alto. 

Hay más. El segundo proyecto de ley cuestionado tiene que ver con el “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. La propuesta establece sanciones contra periodistas en su artículo 281 por “delitos discriminatorio o racial”. Está codificado con el número 305 y hasta ayer no había fecha fijada para sea debatido.

“Estamos rechazando todo este paquete de leyes que buscan criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta”, afirmó ayer el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, quien también citó al proyecto 304 que fue presentado por el diputado Juan José Huanca (MAS) y que establece penalidades por el uso “ofensivo” de las redes sociales. De hecho, propone hasta siete años de cárcel contra aquellas personas que difundan información falsa y hagan un “uso indebido” de estas herramientas tecnológicas.

El abogado y periodista Andrés Gómez Vela cuestionó ayer la motivación del Gobierno para cumplir “de manera selectiva” con recomendaciones internacionales vinculadas con derechos humanos. Citó así la ausencia de una ley específica para regular el acceso a la información pública que fue recomendada por la CIDH. “Ese también es un compromiso internacional”, apuntó el periodista. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en 2021 que la reelección presidencial no es un derecho humano protegido. Este criterio fue empleado por Evo Morales para postularse en 2019 para un cuarto periodo consecutivo por encima de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y de los límites establecidos en la propia Constitución. El Tribunal Constitucional aún no ha modulado esta disposición.

A propósito del plan para regular el uso de las redes sociales, Gómez Vela cuestionó que la iniciativa emerja, precisamente, del partido que alentó la creación de los llamados “guerreros digitales”. 

“Los difusores de posverdades y fake news, los promotores de mentiras desde las oficinas del gobierno ahora quieren, con la excusa de preservar su honor, encarcelar al ciudadano común que los cuestione a través de las redes sociales”, apuntó el jurista, quien consideró que el “paquete” apunta a configurar un Estado autoritario con mayores limitaciones contra la sociedad civil. 

Lima afirmó que las libertades de prensa y de expresión están garantizadas; sin embargo, anunció que el proyecto será discutido con el gremio de la prensa. “Todos los proyectos de ley deben ser ampliamente socializados. Estamos en un momento inicial, habrá socialización en el marco de un espíritu democrático”, apuntó.

En todo caso, este paquete de leyes se presentó en momentos de fuertes disputas por el liderazgo del MAS. Desde la llamada ala ‘evista’, el senador Leonardo Loza anunció que su bancada no acepta ninguna de las tres leyes. 

“No vamos aprobar ninguna norma que atente contra la libertad de expresión que es primordial y es parte de nuestra democracia y más al contrario hay que dar más garantías, pero no confundamos con libertinaje”, dijo.

El diputado Renán Cabezas (MAS) señaló que estas leyes también afectan a las denuncias de corrupción que hicieron para fiscalizar al gobierno de Luis Arce.

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