Escucha esta nota aquí

La presidenta Jeanine Áñez y la titular del Senado, Eva Copa Murga (MAS), como principales representantes del Ejecutivo y del Legislativo, sostienen una intensa pugna política que tiene como frentes el ‘caso respiradores’, el recurso presentado por el oficialismo ante el Tribunal Constitucional para la ampliación del plazo de 90 días que impuso la Asamblea para la realización de las elecciones generales y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

En un corto plazo quedaron atrás los abrazos y la concertación, cuando se aprobaban leyes por unanimidad para pacificar el país. La pandemia y las elecciones generales han distanciado, e incluso enfrentando a las dos principales autoridades del país, Áñez y Copa.

El caso respiradores tiene fuego cruzado. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró esta semana que hay información que señala que la exministra de Salud Gabriela Montaño (MAS) mantuvo contacto con Fernando Valenzuela, el hasta la semana pasada director jurídico del Ministerio de Salud y relacionado directamente en la negociación para la compra de los ventiladores pulmonares con un presunto sobreprecio de más de $us 20.000.

Valenzuela trabajó con Montaño, primero en la Cámara de Diputados, y luego en el Ministerio de Salud, durante el tiempo en que este funcionario fue ratificado por los ministros de la gestión de Jeanine Áñez, Aníbal Cruz y Marcelo Navajas. 

La Policía aseguró que se detectaron mensajes de WhatsApp entre Valenzuela y Montaño, actualmente refugiada en Argentina, donde huyó con el expresidente Evo Morales

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se preguntó si la exautoridad asilada en Argentina es parte del sobreprecio o de la conspiración en contra del actual Gobierno de transición.

Desde la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, hay dos reacciones. Por un lado, este martes se anunció la inclusión de la presidenta Jeanine Áñez en la investigación por la compra de ventiladores pulmonares con presunto sobreprecio iniciada por una comisión legislativa. Sobre eso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que la Asamblea debe presentar una proposición acusatoria, con lo que abrió la posibilidad de un juicio de responsabilidades

Surgieron también pedidos de ampliar la denuncia penal en contra del ministro de Gobierno.

El otro frente de batalla es la fecha de la realización de las elecciones. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paúl Franco, aseveró que la entidad trabajará por “tiempo y materia” para considerar la Acción de Constitucionalidad contra la ley que fija plazo para los comicios, una vez que la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, remita su respuesta a los alegatos de los accionantes, reportó Erbol.

El martes 26 de mayo, se conoció que el TCP admitió una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra dicha ley, presentada por un grupo de legisladores de Unidad Demócrata, y que el caso pasó a conocimiento de Eva Copa para que responda en un plazo de 15 días. Franco, en entrevista con Unitel, sostuvo que el TCP tiene el compromiso de acortar plazos y emitir una sentencia en breve para darle certeza al país.

“Existe el alto compromiso del Tribunal Constitucional de trabajar por tiempo y materia y, en ese entendido, vamos a estar atentos a la llegada de la respuesta (de Copa) para proceder al sorteo correspondiente (de magistrado relator) y emitir la resolución cuanto antes”, dijo el presidente del TCP.

El MAS insiste en defender su ley. Esta mañana, el senador Efraín Chambi y la diputada Betty Yañíquez establecieron que la Asamblea no impuso una fecha al TSE, que esa instancia tiene la facultad de definir el día de la elección. Los legisladores masistas aseguraron, por separado, que la salud es lo primero para ellos.

Yañíquez dijo que el recurso fue rechazado cuando fue presentado por el exsenador Óscar Ortiz.  Explicó que también rechazó el presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales (UD). 

“Este es el tercer recurso presentado por Ortiz y otras personas que es admitido, pero ello no significa, de ninguna manera, que fuera aceptado. En este recurso se solicita la aplicación de medidas cautelares, como la suspensión de las elecciones, lo que es rechazado. Consiguientemente la ley de convocatoria queda firme. La actuación de la presidenta del Senado es constitucional, mientras no se determine lo contrario”, dijo Yañíquez.

Otro frente

Por su lado, Arturo Murillo envió un mensaje a los asambleístas del MAS ante las observaciones que surgieron en la Cámara Alta por la lista de ascensos a generales de las Fuerzas Armadas (FFAA). “Deben saber los de la Asamblea que son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes, delito que es penado con cárcel. Cuidado, los diputados, los senadores no tienen inmunidad diplomática, cuidado que mañana estén en la cárcel y que digan que es persecución política”, advirtió el ministro.

Esa advertencia no cayó bien en el MAS y fue la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, la que devolvió un mensaje. “Yo no le tengo miedo al ministro Murillo, porque lo único que estoy haciendo es hacer cumplir la Constitución y la normativa que rige la Asamblea. ¿Por qué el señor Murillo hace dualidad de funciones? ¿Por qué actúa como juez y fiscal?, hay que investigar quién ha dado la orden para que aprehendan al juez (Hugo Huacani) que estaba llevando el caso del señor Navajas (exministro de Salud investigado por el sobreprecio), si la Fiscalía no fue, entonces ¿quién fue?”, respondió la senadora del MAS y además, amenazó con llevarlo a proceso en instancias internacionales. 

Ante eso, Murillo  respondió que le tiene estima a Copa, “pero lamentablemente el cargo se le ha subido a la cabeza”.