Alcalde de Tarija apeló en el polémico caso de puente 4 de Julio tras una audiencia cautelar
Torres está acusado por la Fiscalía Departamental por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en este proyecto licitado en la gestión del exalcalde Rodrigo Paz Pereira.
El alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, apeló la determinación del Juzgado Anticorrupción Segundo del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) que le impuso una fianza de más de Bs 300 mil para defenderse en libertad en el caso del puente 4 de Julio.
Ayer jueves se llevó a cabo la audiencia cautelar contra la autoridad edilicia que se prolongó hasta la noche acusado por la Fiscalía Departamental por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en este proyecto licitado en la gestión del exalcalde y actual senador, Rodrigo Paz Pereira.
La autoridad edilicia justificó la apelación, al decir que le juzga por hacer cumplir el contrato de esa obra en todas sus bases y sus formas, ya que "de manera increíble de ser denunciante pasó a acusado".
Torres dijo que esto les pasa a todos los opositores en el país porque la persecución judicial es permanente y es parte de las formas de hacer política en la actualidad.
"Fíjese que tenemos un proceso cada tres meses, Le doy un ejemplo, hemos sido notificados por el hecho de decir que el muro en un predio (cerca a la plaza central) que construye la Policía Nacional es clandestino porque no tiene autorización de nadie. Me denuncian y me inician un proceso", mencionó la autoridad a EL DEBER.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, expresó su desacuerdo con la determinación de la jueza Rocío Lima que no valoró los indicios y peligros procesales presentados para que la autoridad edilicia tenga detención preventiva.
A su criterio, es una "burla" de la justicia ordinaria que otorgó una fianza con la anotación de los bienes del imputado para defenderse en libertad.
El proyecto del puente 4 de Julio se licitó en 2017 y fue adjudicado a la empresa Convisa con un presunto daño económico de Bs 73,2 millones e incumplimiento en el plazo de entrega que debía ser en 2020.
