(VEA EL VIDEO) Copa también participó de la socialización que se realizó en La Paz. La Asamblea de la Alteñidad recibirá un informe sobre los aspectos abordados en la reunión

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18 de agosto de 2022, 8:40 AM
18 de agosto de 2022, 8:40 AM

Eva Copa, alcaldesa de El Alto, considera que no se debe “forzar” la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, porque eso ocasionaría que la labor se realice de forma negativa y genere más perjuicios que beneficios.

La autoridad, que participó de dos reuniones de socialización, una el martes en su municipio, y otra ayer (miércoles), en La Paz, ratificó que aspectos técnicos deben establecer los plazos para la encuesta nacional, en medio de posturas que exigen que se adelante para 2023.

“Informar lo que se nos ha socializado, el avance de la cartografía base y estadística, creemos que es importante que el censo no sea forzado, pero tampoco a libre albedrío, debe haber fiscalización para consensuar la cartografía”, dijo en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

Justificó su presencia ayer (miércoles) en la sede de Gobierno, señalando que es parte de la asociación de alcaldes del departamento de La Paz y que no intervino en el encuentro, por respeto a su par paceño, Iván Arias.

La entrevista:


“El proceso que se tiene para llevar adelante el censo se requiere varios pasos, que no se han logrado hacer, el tema del financiamiento, la tarea de campo, las consultas, creemos que, si bien El Alto creció bastante, y el censo ayudará a tener mayores recursos, nosotros no veremos eso en nuestra gestión, se verá en la siguiente”, recalcó.

Reiteró que “el censo arrojará bastantes datos para hacer mejor planificación, no hay que forzar algo que pueda salir mal, el censo de 2012 fue muy observado y eso es lo que no se quiere”, razón por la que demandó continuar con la socialización y coordinación.

Mañana (jueves) existirá una reunión de la Asamblea de la Alteñidad, en la que Copa brindará un informe sobre los aspectos tratados con el INE. Asimismo, se solicita una compensación económica al Gobierno para atender las demandas de la población.