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La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y la Asociación de Concejales de Bolivia se reunirán mañana con la presidenta del Senado, Eva Copa, y con tres ministros para pedir una ley que les entregue un fondo de Bs 953 millones para compensar el dinero que las alcaldías no han recibido por efectos de la pandemia. 

Mientras tanto en Bolivia, pese al riesgo de la pandemia, los municipios y gobiernos locales alistan planes para retornar paulatinamente a la normalidad, especialmente con el transporte.

La reunión comenzará a las 8:30 del martes. Fue convocada por la presidenta del Senado, Eva Copa. Según la concejala de Cochabamba y presidenta de la AMB, Rocío Molina, estarán tres ministros, el de Economía, José Luis Parada; el de Planificación, Carlos Díaz; y el de la Presidencia, Yerko Núñez. 

“Tras prácticamente tres meses de insistir sobre la necesidad de mecanismos de coordinación y la implementación de medidas de corto y mediano plazo para paliar la crisis se va a celebrar esta reunión. Los municipios sufren una terrible iliquidez a consecuencia de la pandemia porque las transferencias de coparticipación popular disminuyeron en un 67%. Esto nos deja en indefensión no solamente para luchar contra el Covid-19 sino también para cumplir nuestro POA anual y las demandas de administración y gestión”, explicó a EL DEBER la presidenta de la AMB, la concejala por el MAS en el municipio de Cochabamba, Rocío Molina.

Con esta baja, actualmente los municipios no tienen posibilidad, por ejemplo, de pagar a consultores ni a personal que atienda los casos de violencia en temas de niñez. Todos los servicios relacionados a estos temas quedan postergados e implican un impacto muy fuerte según alertó Molina. 


Los problemas que se avecinan

La situación se agravará en junio porque los municipios sufrirán una disminución de al menos el 60% de las transferencias por el IDH, “debido a la baja del precio del barril de petróleo. Tenemos tres fuentes de financiamiento: coparticipación, IDH y recursos propios. Por la cuarentena, en este último no hemos alcanzado ni siquiera el 20% de recaudación”, advirtió.

De esta forma, Molina aseguró que se pone en riesgo el bono de discapacidad, que está encargado a los municipios, el pago de los servicios, mantenimiento de las ciudades, las empresas centralizadas de agua potable, alcantarillado, etc. Ante la iliquidez, una de las fuentes que disminuye es la de pago de salarios. Puso el ejemplo de Trinidad, y lo consideró crítico, “porque prácticamente el 60% de la población vive de la alcaldía o de la Gobernación. Así, alimentamos la recesión económica”, subrayó.

En la misma línea, advirtió no se pagan planillas, por lo que las obras están paralizadas por la pandemia. “No les podemos pagar a las empresas constructoras ejecutantes ni a proveedores. El municipio tiene iliquidez y eso genera un efecto multiplicador en la comunidad”.

Las propuestas desde los municipios

Con estos tres elementos se configura una crisis. “Como AMB elaboramos dos propuestas. La primera ya se encuentra en la Cámara de Diputados y se basa en recuperar el 12 % de recursos para la exploración y explotación de hidrocarburos, de la Ley de 2016. Ahí podríamos tener al menos de $us 500 millones”.

La segunda propuesta, que precisamente se discutirá en la reunión de mañana, es otra ley, que buscará un fondo de compensación. “La situación no es la misma para Trinidad o Cobija, que les depositaron en el mes de abril Bs 700 mil, aunque a Cochabamba le redujeron Bs 32 millones. Tenemos una brecha, una disparidad de transferencias para los municipios capitales y para ello pedimos un fondo de compensación”.

 Específicamente, se pide un fondo de Bs 953 millones equivalentes a la cantidad de dinero no transferido en la cuarentena (últimos cuatro meses), que vendrían “del Tesoro General de la Nación, de los más de $us 2.000 millones que el país recibe de colaboración, y considero que son una fuente importante y al invertir, fortalecer y vigorizar la economía municipal, se incentiva inmediatamente la economía local.

Presión para retornar a la normalidad

Paralelamente existe la presión de alcaldías y gobernaciones para el retorno paulatino a la normalidad. Esta mañana los municipios y la Gobernación de Cochabamba se reunieron para evaluar el Covid-19. Además de las conclusiones sanitarias, los municipios coincidieron en pedir por estos problemas económicos, que la región pase a una cuarentena de riesgo medio para reactivar algunos rubros, como el edil y el de transporte, afirmó el alcalde de Colcapirhua, Mario Severic. Eso se reforzó más tarde en una reunión de esas instancias con el Ministro de Trabajo con representantes del transporte.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló poco después que su región ha sido la más golpeada por la pandemia y aunque admitió que la situación es grave, anunció a la vez que se debe buscar una nueva “normalidad” basada en cuatro características: hacer más tests, mantener el distanciamiento entre personas, el uso generalizado de barbijos e insistir con lavado de manos. En esa región no se habla del retorno del transporte.

Los alcaldes de La Paz, Luis Revilla; y de El Alto, Soledad Chapetón; y el gobernador Félix Patzi, que se reunieron la mañana del lunes junto con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, manifestaron que se analiza la flexibilización de las medidas en La Paz. 

Las autoridades adelantaron que esto alcanzará solamente al transporte urbano e interprovincial para que la gente pueda moverse a trabajar, exclusivamente, con medidas sanitarias de adaptación en los vehículos, reduciendo la capacidad de pasajeros. 

Será una norma regional, que deja claro que no implica retorno a clases, ni a la reapertura de restaurantes, cines, parques, es sólo para que en ciertos horarios la gente pueda moverse por tema laboral, detalló Revilla. No hay una fecha exacta para ponerlo en marcha.