Cinco instituciones acusaron al operador de justicia que liberó a Richard Choque, un feminicida con sentencia. El juez es considerado "un peligro para la sociedad y la vida" por efecto de las decisiones que asumió.

30 de enero de 2022, 4:45 AM
30 de enero de 2022, 4:45 AM

Rafael Alcón, el juez que liberó al feminicida Richard Quispe,  fue enviado ayer al penal de San Pedro de La Paz por un lapso de seis meses. En una audiencia que duró ocho horas, el acusado demostró estabilidad laboral y domicilio fijo para desvirtuar el riesgo de fuga, pero el juzgado primero anticorrupción consideró que sus acciones constituyen “un peligro para la sociedad y la vida”.

Y mientras se desarrollaba la audiencia virtual, decenas de personas volvieron a reunirse frente a la vivienda de Choque, en la zona Ballivián de El Alto,  en busca de prendas y accesorios de otras mujeres desaparecidas. El 24 de enero se hallaron allí los cuerpos de las jovencitas Iris (17) y Lucy (15), quienes fueron asesinadas por este sujeto en 2021. Este lunes, los vecinos protagonizarán  una marcha para interpelar a la Justicia, la Policía y la Fiscalía por la “corrupción” y la falta de seguridad para la población.

El 24 de diciembre de 2019, Alcón favoreció a Choque con la prevención preventiva. De este modo, el delincuente salió del penal de Chonchocoro. En lugar de cumplir con ese arresto, el feminicida, que estaba sentenciado a 30 años “sin derecho a indulto”, salió a las calles sin control alguno. El Ministerio Público presentó ayer al juez los resultados de las requisas que se cumplieron en juzgados de La Paz y El Alto. El fiscal Johan Muñoz informó que no se halló el cuaderno de control de sentencia y ningún documento que acredite “la enfermedad terminal” que adujo el feminicida impune cuando pidió salir de la cárcel de Chonchocoro.

Erick Sosa el abogado del jurista detenido, aseguró que todos los obrados que ejecutó su defendido se realizaron de acuerdo con la normativa vigente. “Un operador de justicia no es un adivino. Se le presenta un documento y el operador de justicia tiene que valorarlo y emitir una resolución. No puede estar realizando actos de verificación ni investigación sobre la autenticidad del documento”.

La imputación que hizo la Fiscalía fue promovida por sendas denuncias penales planteadas por los ministerios de Justicia y Gobierno, además del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo. De hecho, este caso activará una investigación a otros funcionarios del Órgano Judicial.

Alcón siguió la audiencia desde las celda policial a donde fue enviado el viernes tras la aprehensión instruida por la Fiscalía. Sus familiares aseguraron a los periodistas que la autoridad judicial padece de hipertensión y que debería considerarse su edad como atenuante a la prisión.

Pero en la zona Ballivián de El Alto esperan que el juez sea juzgado y la Policía esclarezca los casos de mujeres desaparecidas.

La madre de Jenny Justina Machaca, una estudiante la Universidad Pública de El Alto (Upea), espera tener noticias de su hija. Ella se perdió hace seis años. 

El jefe de la División Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Boris Gutiérrez, pidió a los vecinos “no contaminar ni quemar la casa” de Choque. Aseguró que continuarán las investigaciones y cree que allí pueden haber otros cuerpos.

APUNTES

Crimen
La zona Ballivián está a 15 kilómetros del centro histórico de La Paz, donde está la plaza Murillo, la sede del Gobierno.

Tensión
La protesta de los vecinos de El Alto estará marcada por la indignación. Rechazarán la presencia de políticos.

Demolición
Vecinos de El Alto quieren ver destruida la casa del feminicida como símbolo de una justicia que no llega al barrio.

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