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Sedición, conspiración y terrorismo fueron las acusaciones que presentó la Fiscalía en contra del ex comandante de la Armada Boliviana, Almirante Flavio Arce San Martín y logró que el juez dictara detención preventiva para el militar retirado en el penal de San Pedro de La Paz.


En la audiencia los fiscales realizaron un amplio recuento de los sucesos de octubre y noviembre de 2019 y señalaron que desde el 5 de noviembre se gestó el supuesto “golpe de estado” e hicieron alusión a una declaración de Luis Fernando Camacho que dijo que pasó el bloqueo en el aeropuerto “gracias al apoyo de policías y militares que prestaron sus hangares”.


La Fiscalía consideró que las FFAA deliberaron cuando pidieron la renuncia del entonces presidente Evo Morales en la conferencia de prensa del 10 de noviembre a las 16:35 y conectó ese hecho con el arribo de Fernando Camacho a palacio de Gobierno a las 17:00 del mismo día.


Se señala a la Policía y FFAA por  no obedecer a una autoridad electa y sí a Camacho, sin facultad jurídica para mandar: “Las dos instituciones públicas, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que tienen armamento pesado letal, se deben a los principios de mando y obediencia como subordinados, pero deciden no obedecer a una autoridad electa, más al contrario, obedecen, custodian y protegen a una persona que no tenía competencia ni facultad jurídica para mandar y ordenar a policías y militares, es decir a Luis Fernando Camacho y otros”, señala la imputación fiscal.


Según los fiscales, Evo Morales renunció presionado por la violencia y para proteger a sus allegados a cuyos familiares se había secuestrado en distintas ciudades. El Ministerio Público presentó 13 elementos de convicción, desde la carta de renuncia de Morales hasta muestrarios fotográficos incluyendo un libro, “Golpe de estado, la historia no contada”, en donde figuran las declaraciones de Camacho sobre las reuniones que sostuvo su padre con los militares.


Los fiscales afirmaron que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización del acusado y por eso pidieron la detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro de La Paz, pedido que fue aceptado por el juez de la causa.


Las autoridades revelaron que falta recibir las declaraciones de Evo Morales y Álvaro García Linera, a quienes en el memorial de imputación formal se los califica como víctimas de los sucesos de octubre y noviembre.


Los fiscales evitaron responder sobre el resto de los buscados y las acusaciones que pesan contra ellos. Los exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán acaban de arribar a La Paz para ser cautelados por el mismo caso.




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