La Misión informó que ingresó al penal de Miraflores para ver de cerca las condiciones en la que se encuentra la expresidenta. Cuestiona a las autoridades bolivianas por no garantizar la seguridad para que Áñez sea trasladada a un centro hospitalario como ordenó un juez.

20 de febrero de 2022, 8:00 AM
20 de febrero de 2022, 8:00 AM

Los organismos internacionales, vigilantes de los derechos humanos, se pronunciaron la noche del sábado por el caso de la ex presidenta, Jeanine Áñez. Uno de ellos fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh-Bolivia) que a través de Twitter expresó su preocupación por el caso e hizo responsable al Estado boliviano por la vida y la salud de la exmandataria.



“La Misión resalta que, en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”, señala el tercer mensaje de esta oficina.


El Gobierno de Luis Arce fue conminado por un juez para que traslade a Jeanine Áñez a un hospital el viernes; sin embargo, la acción de sus propios militantes impidió que la orden se cumpla y el sábado el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo dijo que no había condiciones materiales para el traslado.



Mientras la familia denunciaba que la exmandataria fue aislada y no le permiten ingresar a verla, la misión de Oacnudh dijo que su representante en Bolivia ingresó al penal y pudo ver a Jeanine Áñez.


“La Misión visitó a la Sra. Jeanine Áñez en el penal de Miraflores a fin de verificar las condiciones de su huelga de hambre y constató que hasta el momento se ha respetado su decisión, como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”, señala el último de los cuatro tuits publicados.


Asimismo, refutan las órdenes que lanzó el juez Franklin Siñani Velasco, quien ordenó atender a la expresidenta, aunque esta se hubiera resistido. “Debiendo actuar incluso en contra de la voluntad de la privada de libertad” señalaba la orden judicial.



“Los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos” señala un tercer tuit de la Oacnudh en clara alusión a la orden del juez.