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Uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; violación de derechos humanos; investigaciones inadecuadas; impunidad; desprotección de pueblos indígenas; hostigamiento de agentes del Estado, son algunas de las observaciones que realiza el informe de Amnistía Internacional sobre los sucesos en el país. El Gobierno se apresuró a saludar el informe, acusando de todos los problemas a Evo Morales.


El gobierno interino (de Jeanine Áñez) ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”, señala una parte del reporte.


El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Varga, saludó el informe y dijo que, “es de los pocos informes responsables que realizan organizaciones de defensa de Derechos Humanos que hace referencia a la violación de derechos humanos que ejecutó Evo Morales después de las elecciones”.


El documento aclara que esta tarea contempla tres momentos específicos, entre el 20 de octubre, día de las elecciones, y el 10 de noviembre, fecha en que renunció Evo Morales. El segundo, entre el 10 y 12 de noviembre, cuando se registró un vacío de poder en el Ejecutivo. El tercero, desde el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina Jeanine Áñez, hasta la actualidad.


Si bien el informe censura las acciones de Morales durante su gobierno, la mayor parte del documento hace énfasis al tercer punto. En ese marco, afirma que Áñez promulgó el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal al personal de las FFAA que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública.


“Con el decreto en vigor, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones conjuntas para controlar manifestaciones, y hubo denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza, como en Sacaba y Senkata, donde también se ha denunciado la presencia de manifestantes armados.  Los hechos de Sacaba y Senkata no han sido esclarecidos por las autoridades competentes y permanecen también en la impunidad”.


Decretos e indígenas


También manifiesta que los decretos 4199, 4200 y 4231, pretenden silenciar a aquellas personas que cuestionen sus políticas, con la justificación de enfrentar la pandemia.


Sobre la pandemia que azota al país, Amnistía Internacional refiere que los pueblos indígenas son los más vulnerables, “la organización destaca que los pueblos indígenas están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia, en la medida que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad”. 


Amnistía Internacional advierte que su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que afectan sus derechos continúa amenazado y, en el contexto de la pandemia, dicha amenaza se ha materializado en la ausencia de una política pública de salud para protegerles y en una creciente retórica de estigmatización, discriminación y racismo en su contra.


Las investigaciones


AI saludó la decisión del Gobierno de Áñez de permitir que un grupo internacional llegue al país para investigar los hechos mencionados; el viceministro Varga dijo, sin embargo, que esta comisión internacional no solo debería investigar la violación de DDHH del actual gobierno, sino revisar todo lo que sucedió en los 14 años de gestión de Morales.

La organización solicitó que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que investigarán las denuncias requiere a todos los candidatos presidenciales su sostenimiento e insiste en que la independencia del GIEI es fundamental para determinar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.