Amnistía Internacional observa en Bolivia manipulación de la justicia, desprotección a defensores de derechos y abuso policial

El informe 2022-2023 de Amnistía Internacional coloca a Bolivia en una situación delicada porque observa la injerencia de las autoridades en la justicia, la desprotección a defensores de derechos, la degradación ambiental y el abuso policial con productores de coca en las manifestaciones.

“Las autoridades no protegieron a las personas defensoras de los derechos ambientales, que, según las organizaciones locales, fueron objeto de al menos 200 agresiones y amenazas durante el año. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín, siguieron denunciando amenazas contra ellos y sus familias”, dice parte del informe anual de esta organización.

Este martes se conoció el informe anual de esta organización y hace énfasis en la guerra Rusia-Ucrania. Fustiga el doble rasero que existe sobre los derechos humanos en todo el mundo a raíz de ese conflicto y recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

Para el caso boliviano, la entidad abordó cinco ejes: Justicia, defensores de derechos humanos, derechos ambientales, libertad de expresión y derechos de las mujeres. En el primer caso recuerda el acuerdo que tuvo el Gobierno de Luis Arce con las víctimas de las dictaduras después que estuvieron acampando 10 años frente al Ministerio de Justicia.

También se refiere al informe del relator especial de ONU, Diego García-Sayán que visitó el país en febrero. “Concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil. Algunas autoridades y altos cargos del anterior gobierno interino seguían afrontando cargos tales como ‘terrorismo’, ‘sedición’ y ‘conspiración’”, señala el reporte.

Llama la atención sobre la persecución en contra de los defensores de derechos humanos y defensores de derechos ambientales y menciona el caso específico de Waldo Albarracín, quien tiene un juicio instaurado pese a que las pruebas de la acusación fueron desbaratadas por una oficina del Estado.

“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra algunas de las personas detenidas”, señala el reporte. Respecto del eje de libertad de expresión y reunión, en clara alusión a la persecución a la que sometió a dirigentes cocaleros de Adepcoca.

En cuanto a los derechos ambientales, lamenta la deforestación ilegal haya sobrepasado el millón de hectáreas, fundamentalmente para beneficiar a los agroindustriales, también se refirió al uso del mercurio en la actividad minera ilegal.

“La contaminación causada por el vertido no regulado de residuos de mercurio en los ríos —en gran parte como consecuencia de la extracción minera de oro a pequeña escala—se vinculó con algunas enfermedades, especialmente en las comunidades indígenas pesqueras que vivían en situación de pobreza. El gobierno anunció que implementaría un plan para reducir el uso del mercurio, pero no desveló en qué consistía”, afirma el documento.

En cuanto al último eje, el de las mujeres, el reporte señala que las sobrevivientes de violencia de género que acudieron a la justicia carecieron de protección efectiva contra las represalias de sus propio agresores.