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De forma escrita, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhub) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución política contra opositores al gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

En la misiva de 46 páginas, la Apdhb detalla y presenta supuestas pruebas de que el Gobierno viola "los derechos humanos estipulados en la convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contra presos y perseguidos políticos del Estado plurinacional del Bolivia".

En el documento, firmado por la presidenta de la organización, Amparo Carvajal, se resume la situación del país desde el referéndum contra la reelección del expresidente Evo Morales, las fallidas elecciones de 2019, además de los hechos de violencia que se registraron desde que la OEA observó irregularidades en este proceso electoral.

Relata también el contexto de cómo la expresidenta Jeanine Áñez llegó al poder, además de la convocatoria de las elecciones de 2020, donde Arce ganó los comicios.

Empero, según el documento el nuevo gobierno inició una persecución política contra opositores. Incluso la carta es acompañada con la lista de nombres de personas que, según la organización, son perseguidas por el Gobierno de Arce, entre las que se encuentra la exjefa de Estado, que está detenida desde hace más de seis meses.

“Pido a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare que, en razón de los hechos antes denunciados que afectan derechos humanos protegidos a través de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, declarar que el Estado de Bolivia ha incurrido en la violación de los artículos 5, 8, 13, 21, 24 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención”, señala parte del documento enviado por la organización.

En ese sentido, la Apdhb pide que “se disponga la libertad inmediata de Jeanine Áñez por estar en peligro su vida, se restituya el derecho a la libertad de locomoción, la inviolabilidad de domicilio, a la seguridad personal y a la integridad y a la vida de forma inmediata, cese la persecución política, se otorguen las garantías correspondientes, y se condene al estado infractor al pago de daños y perjuicios”.

Es más, pidió que en la CIDH se resuelva “la necesidad de aplicar la Carta de las Américas, puesto que este círculo de poder oscuro que no tiene límites como tampoco remordimientos. Están a punto de acabar con el Estado de Derecho y la legalidad en Bolivia”.

Luego solicitó que “no se permita la persecución política, se instruya la liberación inmediata y la suspensión de todos los procesos contra ex autoridades, policías, militares, cívicos y ciudadanía en general”.

En ese orden, el documento solicita que se disponga del cambio de las autoridades que administran la justicia, prohibiendo a los miembros del Ejecutivo interferir en su accionar.

Además, solicitó a la comisión asumir el “compromiso de contactar a los familiares de las víctimas fatales del régimen de Evo Morales”, que suman a más de 140, y coadyuvar en la elaboración de la demanda ante la Corte Penal Internacional.

Por último, solicitó que se conforme de inmediato la comisión internacional que acompañe a Bolivia en el proceso de independizar la justicia.

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