Tras conocer el contenido de una imputación planteada en su contra por la vía ordinaria, la expresidenta Jeanine Áñez señaló que el MAS tiene el objetivo de condenarla a “cualquier precio”, incluso a costa de la independencia del Órgano Judicial.

“El objetivo es condenar a Jeanine Áñez a cualquier precio. No les importa la independencia del Órgano Judicial” se lee en la cuenta Twitter de la exautoridad (@JeanineAnez). Los mensajes emitidos por esta vía son redactados por sus familiares, pues ella no tiene acceso directo a su cuenta desde que fue detenida en marzo.

Áñez afirmó que ella es “el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia” y recordó que fue detenida hace ocho meses por el delito de terrorismo "que hasta la fecha no se pudo comprobar".

“Como la denuncia de (la exdiputada) Lidia Patty de noviembre de 2020 contra terceros por terrorismo no prosperó, la ampliaron para apresar a Jeanine Añez y otros el 11 de marzo de 2021, no la llamaron ni a declarar, montaron un operativo, la secuestraron y la trasladaron detenida y sin derechos”, se lee en esa cuenta en Twitter.

La Fiscalía presentó una acusación formal contra Jeanine Áñez y los exjefes militares que habían sido designados por ella y durante el gobierno de Evo Morales. El requerimiento fue presentado por la vía ordinaria y no reconoce legalmente a la gestión de  la expresidenta.

La acusación que se presentó hoy es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la leyes e incumplimiento de deberes que Áñez pudo cometer cuando asumió la presidencia tras la renuncia de Morales a la presidencia en la crisis de 2019.

El memorial fue firmada por la comisión de fiscales que está liderada por Omar Alcides Mejillones y Lupe R. Zabala.

Además de Áñez, están acusados los exjefes militares Willians Carlos Kaliman Romero, Flavio Gustavo Arce San Martín, Carlos Orellana Centellas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, y el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal.

“Quien debe decidir si alguien asumió el poder de forma constitucional o inconstitucional es el Tribunal Constitucional que hasta el momento no ha emitido ninguna resolución. La interpretación de este tema no es librada a cualquier persona, menos fiscales o jueces ordinarios, como el presente caso”, señaló a EL DEBER el abogado Alaín de Canedo que forma parte del equipo que defiende a la exmandataria.