Añez, la parte polémica del informe del relator de la ONU en Bolivia

El relator especial de Naciones Unidas por la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán generó polémica en lo referido a la expresidenta Jeanine Áñez. En una parte, aboga por su salud, y en otra pone énfasis y pide justicia por los hechos de Sacaba y Senkata.

Señaló que el 18 de febrero fue testigo de la orden de un juez que dispuso el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo de 2021.

“No pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de poder cumplir la orden ante las manifestaciones al exterior del penal”, complementó.
Recordó que el Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales.

 “Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos nos indican que todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos el acceso rápido a atención médica en casos urgentes”, dijo.

Por otro lado, señaló que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH visitó a Áñez esa noche, y “se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación o tratamientos forzados y que se ha respetado la decisión de mantener una huelga de hambre como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”.

El relator complementó que se reunió con la hija y los abogados de Áñez, y que no correspondía una visita a la exmandataria.

No quiso referirse a si es que la expresidenta fue protagonista de un golpe de Estado o si fue sucesión constitucional.

Remarcó que las víctimas de Sacaba, Senkata y la zona sur, atribuidas al gobierno de Áñez, deben recibir justicia. “Me reuní con ellos por el espacio de tres horas, escuché testimonios conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”, dijo.

También reconoció que hay personas afectadas, entre el menos 37 fallecidos, “de ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de la calidad de víctimas”. Parte de ellas cayeron durante el gobierno de Evo Morales. 

El senador del MAS Roberto Padilla destacó la labor del Relator de la ONU en Bolivia. “Ha hecho un buen trabajo, ha recibido información de todos lados, es bueno para recoger la perspectiva de diferentes sectores sobre la justicia boliviana”.

El diputado de CC Carlos Alarcón calificó el informe como “muy importante”, y declaró coincidencias en que la justicia está alejada de la gente y que esto genera corrupción y vulnera la independencia judicial, no brinda acceso a las víctimas de feminicidio, que no hay carrera judicial y fiscal y que el presupuesto no supera el 1%.

Por su parte, la senadora de Creemos Centa Rek cuestionó el punto ocho de su informe, y denunció una intencionalidad política en la forma en que planteó las cosas. “El relator debe exigir que se esclarezcan los actores y detonantes de los hechos de Sacaba y Senkata, todo esto para que no se utilicen a fines persecutorios”, manifestó la legisladora opositora.