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Pese a la exigencia de los legisladores del MAS de procesar a la expresidenta Jeanine Áñez, junto con su exministro Arturo Murillo por la compra irregular de los equipos antimotines para las fuerzas del orden, su nombre no figura en el informe que elaboró una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa en 2020 y tampoco en el de la Fiscalía General del Estado.


La comisión que investigó la compra irregular de material no letal, conformada en 2020, aprobó un informe el 26 de octubre del pasado año. El documento fue remitido la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los exministros Arturo Murillo, Fernando López, Yerko Nuñez, Óscar Ortiz y el entonces Presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado, según ese documento oficial


Dicho documento también fue remitido a  la Fiscalía de La Paz, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Procuraduría General del Estado (PGE)  que debían investigar e instaurar procesos.


En septiembre de 2020, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, compareció ante la comisión investigadora y refirió que había un proceso abierto en contra de Carlos Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Sergio Zamora Bascopé y Brayan Samuel Berkman.


El caso fue denunciado por Elvira Rojas Orellana, Sonia Brito Sandoval, Édgar Montaño Rojas, Ayda Villarroel Quinteros, Juana Quispe Ari, Remberto Calani Jallita y Franklin Flores Córdova. Los delitos identificados fueron uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.


En ninguno de estos documentos figura el nombre de Áñez, aunque sí está mencionado en otros procesos que aprobó la anterior Asamblea Legislativa. Como el relacionado con el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares; las muertes de Sacaba-Cochabamba y de Senkata, ambos por separado.

El caso

Según la investigación en Bolivia, la Policía Boliviana solicitó el armamento. El pedido fue realizado por el Ministerio de Gobierno, pero ejecutado por su par de Defensa.


El informe oficial en el Parlamento señala que el 25 de noviembre de 2019 se invitó a la empresa Cóndor, para que pueda presentar una propuesta, “advirtiéndole que se suscitarían responsabilidades administrativas y que la adquisición se la realizaría a través del Ministerio de Defensa”, señala el reporte.


Al día siguiente el 26 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno, mediante nota Cite: MG/DGGA/N°1463/2019 y comunica a la empresa Cóndor que se tomó la decisión de realizar la adquisición de productos no letales por excepción, a través de la empresa intermediaria, Bravo Tactical Solutions LLC.


Sin embargo, el decreto 4090 que autoriza esta compra fue promulgado el 29 de noviembre de 2019; es decir, que se inició la compra antes de tener el decreto. Asimismo, hubo dos modificaciones al contrato: el 27 de diciembre del mismo año hubo un cambio y el 27 de febrero de 2020 otro cambio. En todos los dos casos lo que se cambiaba era el plazo y el lugar de entrega.


El decreto 4090 es el que autoriza el desembolso de 39,3 millones de bolivianos; el Ministerio de Economía ordenó al Banco Central de Bolivia (BCB) tal desembolso. Por esa razón están involucradas las autoridades de ese entonces, José Luis Parada y Luis Armando Pinell Siles, respectivamente. Ese monto representa los $us 5.649.137 que depositaron para la compra de las armas.


Pese a que el entonces ministro de Defensa, Fernando López Julio, dijo que la empresa Bravo Tactical Solutions LLC estaba constituida legalmente en Bolivia, Fundaempresa evidenció que la misma, a la fecha de suscripción del contrato, no se encontraba legalmente establecida como exigía las normas.

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