Áñez salió con apoyo y fortalecida de su huelga de hambre, dicen abogados

Allegados a la expresidenta Jeanine Áñez aseguran que salió fortalecida de su huelga de hambre de 15 días porque atrajo la atención del relator de la ONU para la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán, de expresidentes y de la ciudadanía hacia su caso. Además, consiguió el respaldo, según sus allegados, del Comité pro Santa Cruz que convocó un paro departamental de 24 horas, para el viernes 4 de marzo, en la lucha por la justicia y la libertad de los presos políticos. 

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó el paro cívico como un “acuerdo para la impunidad”.

La Asamblea de la Cruceñidad, reunida el miércoles por la tarde, solicitó a Áñez que levantara la huelga de hambre, y ella lo hizo horas después. 

Además, los cívicos declararon vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional y paro cívico departamental con suspensión de actividades el viernes 4 de marzo como medida de protesta inicial en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras autoridades nacionales, informó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo.

El abogado de Jeanine Áñez, Alaín de Canedo, opinó que con la máxima medida de presión que llevó adelante su defendida ha logrado mover a las organizaciones políticas y sociales para exigir que termine la persecución política a la oposición y que se promueva la reforma en la justicia. “Este pacto con el Comité Cívico cruceño es muy importante”, precisó.

Carolina Ribera, la hija mayor de Áñez, aseguró que lo vivido por la familia en los últimos días despertó la indignación de los sectores. “La población está cansada de que no se respeten los derechos humanos. Mi madre se ha convertido en el emblema, pero no se olviden que son 72 presos políticos que tiene el Gobierno de Luis Arce, y van sumando más de 200 perseguidos, entre los que está el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, con decenas de procesos y detención domiciliaria”.

La primera manifestación será el paro, después de Carnaval. “Esto va a crecer como una bola de nieve”, adelantó Ribera.
Ante esta situación, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, rechazó el anuncio de paro cívico.

“La última resolución del Comité pro Santa Cruz demuestra que dejó de luchar por los intereses de Santa Cruz para buscar un pacto de impunidad en los casos de Jeanine Áñez y Rómulo Calvo”, escribió Lima en sus redes sociales.

Complementó que la justicia y la dignidad “no se negocian, al igual que el debido proceso se enfrenta con argumentos, no con amenazas”.

Lima denunció a Calvo y los dirigentes cívicos. “Habituados a comprar y decidir entre ellos las sentencias, no toleran que uno de ellos sea juzgado”.

Todo esto coincide con el anuncio que realizó el grupo de abogados independientes, que sentenciaron que en Bolivia no es suficiente una preselección de candidatos antes de las elecciones judiciales de 2023, como sugirió el relator especial de Naciones Unidas, García-Sayán. Aseguraron que en un año la presión social en las calles puede lograr un referéndum que conduzca hacia una verdadera reforma de la justicia.

En los últimos años, los más grandes cambios que han doblegado al poder político se lograron con las protestas callejeras. En la gestión de Evo Morales una movilización de los trabajadores en salud hizo retroceder el Gobierno con la intención de aprobar la ley del sistema procesal penal, que criminalizaba las protestas del personal sanitario. 

La protesta callejera tras las elecciones de octubre de 2019 para denunciar un fraude, que posteriormente fue certificado por expertos de la OEA, provocó la renuncia y salida hacia México del entonces presidente Evo Morales.

A finales del año pasado, un paro cívico de ocho días convocado por transportistas y comerciantes de diferentes departamentos del país consiguió que el presidente del Estado, Luis Arce, retire una ley y un proyecto de ley que configuraban un paquete de medidas contra la legitimación de ganancias ilícitas. Según los denunciantes, estas normas atentaban contra los derechos humanos y el patrimonio de los ciudadanos.

La reforma de la justicia y la defensa de “los presos políticos” es ahora la nueva bandera de lucha. Y el jueves se definió que tendrá sus primeras escaramuzas en la ciudad de Santa Cruz.

“No hay peor batalla que aquella que no se pelea. Yo sugerí que el movimiento del 21F en el país debe girar a buscar una nueva justicia que sea independiente, imparcial, oportuna, pronta y eficaz”, manifestó el abogado José Antonio Rivera, miembro del grupo de abogados independientes que promueve la reforma judicial en el país.

La protesta
Jeanine Áñez levantó su huelga este miércoles. Autoridades como el expresidente Carlos Mesa y el alcalde de La Paz, su exministro Iván Arias, intentaron visitarla. El exmandatario Jorge Quiroga, la Iglesia católica también se manifestaron y le pidieron a Áñez que detenga su ayuno, que duró más de dos semanas.

En sus observaciones preliminares, García-Sayán señaló que el 18 de febrero fue testigo de la orden de un juez que dispuso el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo de 2021.
“No pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de poder cumplir la orden ante las manifestaciones al exterior del penal”, complementó.

Los afines al MAS destruyeron una carpa en la que la familia y simpatizantes de Jeanine Áñez llevaban adelante una vigilia y los dispersaron a la fuerza. Norka Cuéllar, otra de las abogadas defensoras, fue agredida y recibió un golpe en la espalda. Ayer se conocieron radiografías que confirman que la jurista tiene, como consecuencia de estos ataques, dos costillas fracturadas.

El 21 de febrero, grupos radicales del MAS se enfrentaron con activistas del 21F que se concentraron para conmemorar la fecha en la plaza Abaroa. 

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, fue acechada, insultada y perseguida por estas personas. Activistas denunciaron que, entre los agresores, hay personas en estado de ebriedad que son los más agresivos. También, identificaron la presencia, en al menos tres ocasiones, de un encargado de comunicación de un ministerio como el “coordinador” de los grupos de choque.

Recordó que el Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales. “Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos nos indican que todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos el acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

De Canedo señaló que el ayuno de la mandataria visibilizó el proceso injusto por el que atraviesa, su situación de salud y que es necesario que se la procese como exmandataria, no en un juicio común, como el que empezará en marzo por el caso Golpe II. El jurista recordó que cuando Luis García Meza ordenó el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, no era presidente, “pese a eso fue sometido a un juicio de responsabilidades. Áñez sólo asumió por sucesión, pero no merece el mismo trato, y se la procesará por vía ordinaria, qué injusto”, lamentó.