ANP lamenta retroceso en acciones de la Fiscalía contra agresores de periodistas
Los agresores admitieron que forman parte del partido en función de Gobierno. La Policía no ejecutó nunca las órdenes de aprehensión
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los medios impresos de Bolivia, expresó profunda preocupación por el retroceso de la Fiscalía en el proceso contra dos agresores de un periodista registrado el pasado 1 de noviembre, en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.
“Es incomprensible este cambio, tomando en cuenta que existe riesgo de fuga. También es penoso el accionar de la Policía, que tuvo dos semanas para detener a los dos acusados y no lo hizo. Vemos que estas acciones favorecen a los agresores”, declaró Raquel Guerrero, asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a la Unidad de Monitoreo de la (ANP).
En la madrugada del 1 de noviembre, el periodista Mario Alberto Rocabado Román, de la red televisiva Unitel, fue agredido con brutalidad por manifestantes ante la mirada pasiva de policías, un hecho que fue calificado como un “asesinato en grado de tentativa”.
Tras conocer que dos fiscales cambiaron de opinión sobre el pedido inicial de prisión preventiva contra Marco Antonio Pinto Fernández y Constantino Carachuyo Choque para beneficiarlos con el arresto domiciliario, la ANP advirtió que la entidad creada para ofrecer seguridad jurídica a la ciudadanía genera un ambiente de desprotección y con ello se crea un estado de impunidad en casos de violencia contra los trabajadores de la prensa.
La entidad que congrega a los medios escritos recordó que desde el año 2008, los casos de agresiones a periodistas no fueron investigados y menos sancionados, y anunció que elevará a conocimientos de entidades defensoras de los Derechos Humanos este nuevo antecedente de negación de justicia.
Fernández y Carachuyo se habían presentado a una comisaría, el 16 de noviembre para declarar su inocencia y los policías ejecutaron la orden de aprehensión que no había sido activada durante dos semanas.
En esa ocasión, las fiscales Ilsen Nava y Delmy Guzmán pidieron la detención preventiva por seis meses para los dos sindicados, lapso contemplado por la legislación boliviana para concluir las investigaciones y abrir proceso.
Empero, el encierro de los dos acusados duró solamente 48 horas, porque las fiscales Nava y Guzmán dieron marcha atrás en su decisión y en la audiencia cautelar del 18 de noviembre pidieron la medida sustitutiva del arresto domiciliario, que fue aprobada por el juez Manuel Batista.
Pinto admitió en sus declaraciones que es funcionario de la Alcaldía de La Guardia que administra el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que su padre ejerce la dirigencia en esa organización política.
Entretanto, Carachuyo señaló que es comerciante del mercado campesino de La Guardia, donde estuvo alojado un grupo de personas que el 1 de noviembre atacó a los vecinos que realizaban un bloqueo a favor del paro cívico en La Guardia.
